Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Colombia, se llevó a cabo el panel titulado «Avances y desafíos en la gestión participativa e inclusiva en territorios indígenas», donde líderes y especialistas, reunidos en el Pabellón Perú, compartieron experiencias y retos sobre los avances y retos de la gestión participativa en áreas protegidas y territorios indígenas.
La meta 30×30: un objetivo compartido
El panel dio inicio con la intervención de Deyvis Huamán, director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), quien resaltó el compromiso del país de alcanzar la meta 30×30, es decir, la conservación del 30% del territorio nacional. “Tenemos el 21% del territorio actualmente con modalidades de conservación o áreas protegidas, pero estamos buscando llegar al 30×30 y creemos que es una meta factible de llegar, solo que necesitamos consolidar estos modelos”, subrayó.
Gobernanza indígena y protección de la biodiversidad
Fermín Chimatani, presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales (Anecap), enfatizó el rol esencial de las comunidades indígenas en la protección de la biodiversidad. «Los pueblos indígenas siempre hemos tenido claro cómo hay que organizarse para seguir protegiendo los bosques y la gran biodiversidad», afirmó Chimatani.
“Lo que buscamos es una gobernanza equitativa, empezar a sentarnos en la mesa un espacio tradicional con los rectores de implementación de políticas ambientales, en este caso la rectoría de Áreas Naturales Protegidas, junto con los pueblos indígenas para establecer compromisos, condiciones y principios como la interculturalidad que es el respeto a las opiniones de ambas partes”.
Chimatani también mencionó la necesidad de construir confianza entre el Estado y las comunidades, proceso que requiere «transparencia» y «condiciones habilitantes» para asegurar una participación equitativa. La aplicación de saberes ancestrales, destacó, fortalece el manejo y conservación de estas áreas, alineándose con las metas climáticas y de biodiversidad.
La conservación con un enfoque centrado en las personas
Gabriel Quijandría, director regional para América del Sur en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aportó una perspectiva social al foro, enfatizando la importancia de un enfoque de conservación centrado en las personas. Para Quijandría, la experiencia de países como Perú, Colombia y Bolivia es determinante, pues han implementado modelos de conservación que integran a las comunidades locales, un enfoque que otros países pueden adoptar.
Financiamiento y sostenibilidad
Anton Willems, director ejecutivo de Profonanpe, abordó los desafíos financieros que enfrentan los proyectos de conservación, enfatizando la necesidad de mejorar la ejecución de los fondos asignados y de crear mecanismos creativos de financiamiento. Willems señaló que Profonanpe trabaja para facilitar que las comunidades indígenas accedan directamente a los recursos necesarios para conservar sus territorios, sin intermediarios que limiten su autonomía en la gestión.
Además, propuso una mayor participación del sector privado en la conservación de áreas protegidas, planteando que, cuando sus intereses se alinean con la sostenibilidad, pueden ser aliados clave en la protección del territorio. Por último advirtió sobre el impacto de las actividades ilícitas, las cuales imponen una fuerte competencia en términos de salarios, fuera del alcance del mercado formal.
“Los sueldos que paga la minería aurífera, la economía cocalera y la tala ilegal son siempre mucho más altos que el mercado formal; entonces, encontremos cuál es ese incentivo correcto para la población local, de modo que, conservando, desarrollándose y viviendo plenamente, tengan el ingreso que disminuya la tentación del ingreso ilegal”, señaló.
La discusión en el Pabellón Perú destacó los avances logrados y la importancia de consolidar la participación indígena en la gestión de las áreas protegidas. Los panelistas coincidieron en que, para alcanzar una verdadera gobernanza equitativa, se requiere fortalecer los modelos de gestión inclusiva y fomentar la colaboración entre comunidades, gobierno y sector privado.
