El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual sobre la libertad de expresión en Perú, donde se destacan varios incidentes de agresión y limitaciones a la prensa ocurridos durante diciembre de 2024. Los casos incluyen ataques verbales por parte de la presidenta Dina Boluarte, restricciones a la cobertura de eventos oficiales, así como amenazas y presiones judiciales contra medios de comunicación.
Restricciones en eventos oficiales
El informe menciona que en la inauguración de una comisaría en Villa María del Triunfo, en Lima, periodistas de Canal N, RPP y Latina fueron restringidos en su cobertura. Según el Consejo de la Prensa, «los periodistas fueron ubicados tras rejas» durante el evento oficial, lo que dificultó su labor informativa. Este incidente resalta las limitaciones a la libertad de prensa en eventos presidenciales, donde los periodistas se ven impedidos de realizar su trabajo en condiciones normales.
Ataques verbales de la presidenta Dina Boluarte
Otro de los puntos destacados en el informe es el comportamiento de la presidenta Dina Boluarte hacia la prensa. En un mensaje a la nación, Boluarte calificó las investigaciones y reportajes de medios sobre su gestión como “leyendas mediáticas” y tildó a un sector de la prensa de “mezquino”. La mandataria justificó su negativa a declarar a los medios, argumentando que lo hacía por «protección a su privacidad», pese a que las preguntas planteadas estaban relacionadas con su gobierno y mandato. Estas declaraciones generan preocupación por el nivel de transparencia y acceso a la información durante su gestión.
Presiones judiciales y amenazas a medios
El informe también destaca las amenazas y presiones a los medios de comunicación. El diario Expresión, de Lambayeque, recibió una orden judicial que exigía revelar sus fuentes informativas. La jueza Luzzetty Elizabeth García Acuña, del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, solicitó que el medio entregara los nombres de las fuentes de información, lo que fue considerado una violación al derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Tras críticas, la jueza reconoció que su solicitud fue un error, aunque el incidente dejó en evidencia las presiones a los medios locales.
Asimismo, El Foco, un medio de investigación, recibió amenazas del empresario Christian Pinasco Montenegro, quien envió cuatro cartas notariales a los periodistas de este medio exigiendo una rectificación de un reportaje titulado «El cártel loretano de la desinformación». Pinasco amenazó con presentar denuncias por difamación, calumnia y asociación ilícita para delinquir. Este tipo de amenazas subraya el riesgo que enfrentan los periodistas de investigación en el país.
Balance del Consejo de la Prensa Peruana
El Consejo de la Prensa Peruana concluye su informe con un análisis de la situación de la libertad de expresión en Perú. La institución señala que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se ha observado un patrón de «silencio» por parte de la presidenta hacia los periodistas, lo que se refleja en la negativa a responder preguntas de los medios, aun cuando se trata de temas de interés público. Además, resalta que algunos funcionarios, como el ministro del Interior Juan José Santiváñez, han sido responsables de amedrentar y lanzar amenazas a la prensa.
Las cifras de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también son alarmantes. En los dos años de gobierno de Boluarte, se registraron 740 ataques a la prensa, lo que equivale a un promedio de un ataque diario. Estos datos reflejan un ambiente cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo en el país.
El Consejo concluye que este panorama es preocupante y resalta la falta de acciones de instituciones como la Defensoría del Pueblo, encargada de proteger los derechos fundamentales, ante estos abusos. Según la organización, tanto jueces, fiscales como empresarios se sienten por encima de la ley, lo que agrava aún más la situación de los periodistas en Perú.
