JUNÍN. En los últimos años, las comunidades nativas de la selva central han emprendido un proceso de actualización de sus estatutos comunales para incorporar la prevención y el actuar frente a los distintos tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia física, psicológica y sexual. Estos documentos regulan los derechos, deberes y disposiciones internas de los integrantes, tanto hombres como mujeres, de las comunidades. Así explicó a Inforegión la lideresa asháninka Abelinda Maybe Sinacay Tomás, responsable técnica del Área Mujer de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC).
«En las comunidades, nosotros tenemos nuestro reglamento interno o estatuto comunal que establece nuestros deberes y derechos. Este documento debe actualizarse para reflejar los cambios sociales y culturales que se han estado dando a lo largo de los años, como la promoción y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como de nuestros sabios y sabias, es decir, adultos mayores. En el caso de mi comunidad, Impitato Cascada, ubicada en Pichanaqui, provincia Chanchamayo, región Junín, la actualización de nuestro estatuto entró en vigencia en 2017, luego de un arduo trabajo», anotó.
Además, Maybe Sinacay destacó que “como comunidad, todos deben participar” en la prevención de la violencia contra la mujer. Esto implica que si alguien observa una situación de violencia, no puede permanecer en silencio, incluso si el agresor es un familiar o conocido, “porque tiene que asumir su responsabilidad y recibir la sanción que corresponde”.
Casos de violencia contra la mujer no deben ser tolerados
La dirigenta subrayó que la violencia física, psicológica y sexual, y aquella que involucra a menores, son delitos que, si bien como pueblos originarios tienen autonomía o libre determinación, deben ser denunciados para su investigación y sanción. En esa línea, manifestó que no pueden “callar o tapar estos casos de violencia”.
«Varias comunidades están en ese proceso de cambio. Han comprendido, o están debatiendo, la importancia de revisar sus estatutos, ya que es nuestra ley interna, y su objetivo es el Buen Vivir. Si algo no está reglamentado, existen muchos vacíos sobre qué se puede hacer. Esto limita el actuar y las decisiones de las y los líderes comunales. La mayoría de los estatutos se establecieron al fundarse las comunidades. Desde ARPI SC vemos necesaria la reforma de estos documentos en todas las comunidades nativas. En cualquier región con pueblos originarios, la actualización de los estatutos es un aspecto clave”, enfatizó.
Desafíos en la actualización de estatutos comunales
El proceso de actualización de los estatutos comunales ha enfrentado diversos desafíos. Según reiteró Sinacay, los cambios deben hacerse con aceptación de la comunidad. Para ello, se requieren de numerosas reuniones para poder debatir artículo por artículo. “No ha sido sencillo. Nosotros [en Impitato Cascada] lo hemos logrado con el apoyo de asesores técnicos y legales. Cada comunidad organiza sus propios congresos para discutir estos temas y socializar las propuestas. La presencia de mujeres líderes y el respaldo de los jefes en funciones son fundamentales”, precisó.
Por otro lado, otra dificultad radica en el aspecto económico. “Una vez logrado, el documento debe inscribirse en registros públicos [Sunarp]. Es un proceso fuerte. Las organizaciones indígenas a menudo carecen de solvencia, excepto que se realice a través de aliados. A pesar de estos obstáculos, las comunidades vienen avanzando en ese sentido. Asimismo, estamos dando pasos firmes en el camino de ser visibilizadas y que nuestras voces sean escuchadas. Como mujeres, nosotras tenemos planteamientos valiosos propios”, indicó.
