Este año se conmemoran 50 años desde la promulgación del Decreto Legislativo n.° 20653, conocido como la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Una norma que fue reforzada, posteriormente, con el Decreto Ley n.° 22175, el 9 de mayo de 1978, con la cual se consolidó el reconocimiento legal y la personería jurídica de las comunidades nativas en Perú.
Un hito en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que hoy enfrenta nuevos desafíos, especialmente en el contexto de la defensa de los recursos naturales y los recientes asesinatos de defensores del territorio indígena.
Conversamos con dos especialistas que trabajan estrechamente con los pueblos indígenas amazónicos para evaluar la vigencia de la Ley de Comunidades Nativas, cómo se adapta a los nuevos desafíos y analizar su eficacia frente a las necesidades actuales.
Obstáculos en la protección integral del territorio amazónico
Para entender este tema, primero debemos saber que dicha ley reconoce oficialmente la existencia de las comunidades indígenas y les otorga derechos legales. Asimismo, el reconocimiento fue esencial para proteger sus tierras y su identidad. Sin embargo, en los últimos 50 años, la implementación efectiva de la ley enfrenta obstáculos y contradicciones.
Irupé Cañari, asesora legal de la organización indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE), señala que, aunque la Constitución Política del Perú y la Ley de Comunidades Nativas reconocen la autonomía de los pueblos amazónicos sobre sus tierras, no reconocen el concepto de territorio integral.
«La Constitución regula comunidades nativas y les reconoce autonomía, pero solo sobre las tierras que ocupan, no habla del territorio integral», explica Cañari. Esto implica que la ley no contempla el territorio integral que incluye áreas naturales protegidas, bosques, ríos, lagunas, entre otros.
Carlos Quispe, líder de proyectos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR), añade que la ley actual refleja una connotación agraria que no se ajusta a la realidad de las comunidades nativas. «La Ley de Comunidades Nativas distingue entre zonas de aptitud forestal y agrícola. Sin embargo, esta distinción no reconoce los territorios integrales de las comunidades amazónicas», comenta Quispe. Esto crea confusión y limita la capacidad de las comunidades para obtener títulos de propiedad sobre sus territorios completos.
Riesgos para los defensores ambientales ante vacíos legales
En la actualidad, los defensores ambientales en Perú enfrentan una creciente amenaza. Según informes recientes, más de 30 líderes indígenas fueron asesinados por proteger sus tierras de actividades ilegales como la minería, el narcotráfico y la tala indiscriminada. La ley, aunque ofrece un marco de protección de las tierras, muestra ser insuficiente para garantizar la seguridad de estos defensores.
Cañari subraya que la ley otorga derechos de propiedad sobre tierras agrícolas, pero no extiende estos derechos a las áreas forestales. «El artículo 11 de esta ley habla específicamente de que la titulación del territorio de comunidades nativas solo es otorgado en áreas agrícolas o de pastoreo», aclara Cañari. Esto deja a las áreas forestales y de conservación vulnerables a invasiones y actividades ilegales.
Ante la falta de protección de las áreas mencionadas se genera graves consecuencias: «Cuando una persona de comunidad nativa denuncia la intromisión de agentes o terceros en áreas forestales o de conservación, no se considera un delito de usurpación, sino solo delitos ambientales. El agraviado es el Estado, no las comunidades». Este enfoque limita la capacidad de los comuneros para defender sus territorios de manera efectiva, quedando como denunciantes pero no como víctimas.
Por su parte, Quispe enfatiza la necesidad de cerrar la brecha de titulación de tierras para proteger a los defensores ambientales: «La falta de títulos de propiedad facilita la invasión de tierras por actividades ilícitas. Cerrar esta brecha es esencial para proporcionar seguridad jurídica a las comunidades nativas», afirma Quispe. Datos recientes del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) indican que aún quedan 692 comunidades pendientes de titular, lo que equivale a 15 millones de hectáreas.
Hacia una protección efectiva de los derechos indígenas
Los expertos coinciden en que la ley de comunidades nativas no es efectiva ni responde a las necesidades actuales. Es necesario adaptarla a los nuevos desafíos mediante la creación de mecanismos más robustos de protección para los defensores ambientales y la implementación de políticas que aseguren el cumplimiento efectivo de la ley.
Cañari sugiere una reforma integral que reconozca el territorio en su totalidad, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT: «El Convenio 169 de la OIT establece el reconocimiento de territorios en su integridad y esto debe reflejarse en la legislación nacional. La propiedad debe incluir no solo áreas agrícolas, sino también forestales y de conservación». Esta reforma permitiría a las comunidades tener un control más completo sobre sus territorios y responder de manera más efectiva a las amenazas.
Quispe propone la creación de un mecanismo de supervisión para asegurar el cumplimiento de la titulación de tierras: «Podríamos incluir un mecanismo de supervisión en la ley que evalúe cómo los Gobiernos regionales están avanzando en la titulación de tierras. Esto garantizaría una mayor transparencia y priorización en el cierre de brechas», enfatiza.
Reformas para el reconocimiento de un territorio integral
Si bien la ley, en su momento, abrió el camino para reconocer los derechos tan reclamados por los pueblos indígenas amazónicos. Hoy en día los conflictos toman diversas formas y la ley debe adaptarse a estos cambios. Es necesario que las organizaciones indígenas y sus pueblos opten por una reforma que contemple una visión integral de los pueblos amazónicos y se reconozca que su relación con el bosque va más allá de la agricultura, enfrentando amenazas diferentes a la de comunidades andinas.
Asimismo, es importante que exista acuerdos internos entre los pueblos indígenas para analizar cómo van a contrarrestar las actividades ilícitas en sus comunidades y evitar negociar con personas involucradas en estas actividades. Mediante una reforma profunda e integral, a nivel legal y social, se podrá asegurar una protección efectiva y sostenible para las comunidades nativas y sus defensores ambientales.
