El año 2025 ha marcado un punto de inflexión negativo para la cuenca amazónica. Los delitos ambientales, lejos de contenerse, se han expandido hacia rincones que hasta ahora habían permanecido a salvo de la depredación. Según una reciente investigación realizada por María Fernanda Ramírez y Beatriz Vicent Fernández de InSight Crime, redes criminales y élites regionales han impulsado un saqueo desenfrenado que está erosionando el papel crucial de la Amazonía como sumidero de carbono, empujando al bioma hacia un punto de no retorno a expensas de sus bosques y habitantes.
El análisis de Ramírez y Vicent Fernández detalla cómo nuevos focos de minería ilegal de oro se han instalado en el sur de la Amazonía de Ecuador y en el río Puré, en la frontera colombo-brasileña, mientras otros se multiplicaban en Perú, Brasil y Venezuela. Este fenómeno no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de un ecosistema de economías ilícitas que incluye el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilícitos y la tala ilegal.
A pesar de que estas actividades son motores centrales de la crisis climática, las investigadoras destacan que el tema estuvo ausente en la declaración final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém en noviembre de 2025, la cual careció de una hoja de ruta para enfrentar al crimen organizado como un actor climático clave.
La fiebre del oro y la devastación minera
Uno de los principales catalizadores de esta devastación es la fiebre del oro. La investigación señala que el precio de la onza de oro se disparó un 280% entre 2015 y finales de 2025, pasando de 1.060 a 4.030 dólares. Este incentivo económico ha provocado que la minería ilegal afecte a más de 4.000 sitios a lo largo de la cuenca, impactando severamente áreas protegidas y territorios indígenas.
Las cifras presentadas por InSight Crime son alarmantes: en la provincia ecuatoriana de Napo, la superficie minera creció de menos de 50 hectáreas a más de 1.300 entre 2007 y 2023. Más grave aún es la situación en el Parque Nacional Podocarpus, donde la afectación minera aumentó un 127% solo entre 2023 y 2024. Este auge ha resultado en la pérdida de más de 2 millones de hectáreas de bosque entre 2018 y 2024, además de la contaminación irreversible de fuentes de agua por el uso extensivo de mercurio.
Narcotráfico: un motor de deforestación
Paralelamente, el narcotráfico ha redibujado el mapa de la deforestación. En Colombia, los cultivos de coca en departamentos amazónicos aumentaron un 65% entre 2015 y 2023, concentrándose en zonas de protección especial como el Putumayo. Una tendencia similar se observa en Perú, donde los cultivos se han expandido más allá del VRAEM para adentrarse en la Amazonía; mientras el VRAEM duplicó sus hectáreas en la última década, el resto del país vio un incremento aún mayor, pasando de 21.967 a 53.110 hectáreas en 2024.
Las autoras subrayan que el narcotráfico ya no opera solo, sino que converge con otros delitos, utilizando cargamentos de madera para camuflar drogas o invirtiendo sus ganancias en maquinaria para la minería ilegal.
Gobernanza criminal y fronteras porosas
Detrás de estas cifras opera lo que Ramírez y Vicent Fernández denominan una gobernanza criminal. Aprovechando la fragilidad institucional en las triples fronteras, organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV) de Brasil han expandido sus tentáculos hacia la minería y el narcotráfico en países vecinos como Perú. En Colombia, la desmovilización de las FARC dio paso a disidencias como el Estado Mayor Central, que ejercen un control de facto sobre la tala de bosques, usándola incluso como moneda de cambio en negociaciones de paz.
Además, se han consolidado alianzas transnacionales peligrosas, como la de los Comandos de la Frontera con la banda ecuatoriana Los Lobos para explotar la minería ilegal.
El costo humano y la complicidad de las élites
Esta maquinaria de destrucción cuenta con la complicidad de élites políticas, empresarios y funcionarios corruptos que facilitan el blanqueo de madera y minerales. El costo humano de esta convergencia criminal es devastador. La investigación documenta que entre 2012 y 2024 fueron asesinados 1.018 defensores de la tierra y el medio ambiente en la Amazonía, con Colombia y Brasil concentrando el 90% de los casos. Perú también enfrenta una escalada de violencia, con 62 asesinatos registrados, de los cuales casi la mitad ocurrieron en los últimos cinco años.
El informe de InSight Crime concluye con una advertencia clara: mientras la diplomacia climática ignore el papel del crimen organizado y los mercados globales sigan incentivando la demanda de oro y cocaína, cualquier estrategia de conservación será saboteada. La Amazonía y sus habitantes permanecen atrapados en un sistema donde la única alternativa de supervivencia parece ser acatar las reglas de las redes criminales que hoy gobiernan la selva.
