En medio de la crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad en el país, donde, según el Sinadef, se registraron 13 asesinatos diarios durante los primeros días de enero, el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley sobre detención preliminar en casos de no flagrancia. La propuesta incluye un aumento de la pena mínima de 4 a 8 años, lo que excluye al 65% de los delitos que antes calificaban para esta medida, entre ellos los relacionados con corrupción, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de órganos y trabajo forzoso.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que, en diciembre pasado, el Congreso eliminó la detención preliminar sin flagrancia. Sin embargo, ante la presión pública, intentó restablecerla mediante el proyecto de ley 9733/2024-CR. En el último día del plazo para que el Ejecutivo se pronunciara sobre la autógrafa de esta iniciativa, la observó, proponiendo un aumento en la pena mínima requerida.
“Esto quiere decir que la detención preliminar solo se aplicará en casos de delitos muy graves. De los 135 delitos que calificaban para la detención preliminar, solo se aplicaría en 47 tipos penales, dejando 88 delitos fuera. Ello es sumamente grave, ya que, en situaciones como el atentado ocurrido en la sede de la Fiscalía en Trujillo, por ejemplo, no se podría aplicar la detención preliminar aunque se detuviera hoy a los autores del delito, porque actualmente no hay detención preliminar sin flagrancia”, advirtió Valdés.
Delitos que quedarían fuera de la norma
Según la observación del Ejecutivo, además de los delitos contra la dignidad humana, quedarían fuera del alcance de la detención preliminar otros crímenes como homicidio simple, lesiones graves, violencia contra la mujer, violación sexual mediante engaño, acoso sexual a menores, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo, tráfico ilícito de migrantes y formas agravadas de usurpación.
Asimismo, también quedarían excluidos delitos como minería ilegal, tráfico de productos forestales, apología del terrorismo, participación en bandas criminales, integración a grupos armados liderados por extranjeros, soborno internacional, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, entre otros.
El director ejecutivo de CHS Alternativo señaló que, aunque el Ejecutivo argumenta que la propuesta de elevar la pena mínima para la detención preliminar sin flagrancia a 8 años busca reforzar la presunción de inocencia y evitar confusiones entre la detención preliminar y la prisión preventiva, en la práctica esta medida favorece nuevamente a la inseguridad ciudadana, la corrupción y el crimen organizado.
Reacciones y llamado a rectificar
“Da la impresión de que, como no se puede dictar una ley específica para evitar la detención preliminar en los delitos de corrupción, se está poniendo un piso que excluya esos delitos, afectando también a una serie de tipos penales. Pero no solo eso, además, la propuesta del Ejecutivo está debilitando tremendamente la figura de la detención preliminar, cuyo objetivo era obtener información que pueda llevar a la colaboración eficaz, la cual también se ha reducido al mínimo”, aseveró.
Ante esta situación, Valdés hizo un llamado urgente al Congreso para que restablezca la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tal como existía antes de las propuestas de cambio. «La detención preliminar es fundamental para luchar contra la criminalidad, ya que permite al Ministerio Público acceder a evidencias y sustentar un caso. Sin embargo, con las medidas actuales, los únicos beneficiados son los delincuentes, lo que aumenta la impunidad y acelera el crecimiento de la criminalidad», afirmó.
