La audiencia para la apelación en el caso del río Nanay, realizada ayer en la Sala Civil del Poder Judicial de Loreto, mantiene en suspenso el futuro de esta fuente de agua para la ciudad de Iquitos, región Loreto. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) buscan revertir la sentencia que anuló la concesión minera otorgada en 2023 a la empresa Raíces Gaddaffy, sobre un área de 1000 hectáreas en esta cuenca.
En agosto de 2024, el Juez del Primer Juzgado Civil de Maynas declaró fundada una demanda de amparo interpuesta por ciudadanos de Iquitos, anulando dicha concesión minera. La sentencia argumentó que existía una amenaza real al derecho fundamental de los habitantes de Iquitos a acceder a agua, al considerar el riesgo de contaminación de la cuenca del Nanay.
Karina Garay, abogada responsable de la demanda, explicó: “Basta el hecho de que tú otorgues un derecho minero, tú le estás dando inicio a ese proceso de formalización minera. Ya estás abriendo las puertas para que ellos puedan solicitar esa autorización y realizar actividades mineras”.
Riesgos para la población y el ambiente
La cuenca del río Nanay abastece de agua potable a Iquitos. Sin embargo, ya enfrenta problemas graves debido a la minería ilegal, que ha proliferado en la región. Datos de Conservación Amazónica (ACCA) indican la presencia de más de 550 dragas entre 2021 y 2024 en esta cuenca, lo que agrava el riesgo de contaminación. “El otorgar una concesión minera aumenta el riesgo de invasión por parte de mineros ilegales o en proceso de formalización que no cumplen con las regulaciones”, señaló Garay.
Por su parte, Ingemmet y Minem han argumentado que la concesión minera no implica una autorización directa para actividades extractivas y que la Dirección Regional de Energía y Minas debe otorgar el permiso. Sin embargo, Garay advirtió que incluso el cateo, una etapa inicial de exploración minera, no requiere autorización y puede causar impactos en el entorno.
Posturas enfrentadas en la apelación
En la audiencia de apelación, tanto Ingemmet como Minem defendieron que no estaban obligados a realizar estudios científicos previos para otorgar la concesión. Alegaron que la normativa vigente no lo exige.
En respuesta, Garay subrayó que, si bien la normativa minera no establece la obligatoriedad de estudios previos, otras leyes ambientales y la Constitución Política del Perú obligan a los funcionarios públicos a velar por el bienestar general y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Cabe destacar que en 2023, el Minem emitió un decreto suspendiendo el otorgamiento de concesiones mineras en el río Nanay. En noviembre del año pasado, dicha suspensión fue prorrogada por 24 meses más. Esta decisión, sin embargo, resulta contradictoria frente a la apelación presentada ahora para revertir la sentencia que anuló la concesión otorgada.
Espera por el pronunciamiento final
El pronunciamiento de la Sala Civil del Poder Judicial de Loreto se espera para la próxima semana. Según Garay, los magistrados no solo deben resolver de acuerdo con la ley, sino también con principios éticos y el interés común. “Uno de los principios fundamentales de los magistrados en su actuación es actuar en torno al bien común”, afirmó.
José Manuyama, presidente del Comité del Agua de Iquitos, expresó: “Esperamos que la sala confirme la valiente sentencia del juez anterior. Aquí está en juego la vida de medio millón de personas. Permitir una concesión minera es abrir la puerta a la destrucción de nuestra fuente de agua y facilitar la expansión de la minería ilegal”.
La resolución que emita la Sala Civil definirá no solo el futuro de esta concesión minera, sino también el enfoque del Estado peruano hacia la protección de sus recursos naturales y los derechos de las comunidades que dependen de ellos.
