El reciente informe “¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal? El rol de cinco proyectos viales en la Amazonía peruana”, elaborado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), ofrece un análisis profundo sobre el impacto de cinco proyectos viales en la Amazonía peruana. Este estudio advierte que, si bien la construcción de infraestructura vial puede facilitar el acceso de comunidades rurales a servicios básicos, también podría facilitar el crecimiento de economías ilícitas, específicamente el narcotráfico y la minería ilegal, en Loreto y Ucayali.
Carreteras y resiliencia de economías ilícitas
Los proyectos analizados incluyen cinco carreteras que, de concretarse, mejorarían significativamente la conexión de áreas rurales y fronterizas. Sin embargo, el estudio advierte que estas vías pueden también “dotar de resiliencia logística a estas economías ilícitas”, incrementando su capacidad de resistencia y adaptación ante intervenciones del Estado. Esto significa que los grupos ilegales que operan en la región podrían aprovechar la infraestructura para asegurar el tránsito de insumos y mercancías de forma rápida y estable, complicando los esfuerzos de las autoridades para combatir sus actividades.
De acuerdo con el informe, se estima que la superficie de cultivos de coca en el Perú ha experimentado un aumento del 76 % entre 2018 y 2022, alcanzando unas 95 000 hectáreas, la mayor extensión desde 1995. La mitad de este crecimiento se dio en Loreto y Ucayali, áreas directamente impactadas por la expansión vial. “La conectividad vial contribuye a la expansión de la ilegalidad desde hace décadas en el Perú”, señala el informe, recordando casos emblemáticos como las carreteras Federico Basadre e Interoceánica Sur, que terminaron siendo aprovechadas para el tráfico de insumos y productos ilegales.
La ruta del oro ilegal y el tráfico de cocaína
En el caso de la minería ilegal, que tiene presencia en casi todas las regiones del país, el informe indica que hasta el 45 % del oro exportado podría tener origen informal o ilegal. La conectividad que brindarían estos proyectos facilitaría la extracción y transporte de este mineral, principalmente en la región de Ucayali, y también permitiría a los grupos armados de países vecinos como Colombia y Brasil extender su control territorial. Las nuevas rutas, que incluyen conexiones hacia el estado brasileño de Acre, serían cruciales para fortalecer el tráfico de cocaína, facilitando tanto la exportación como la provisión de insumos necesarios en su procesamiento.
¿Cuáles son los proyectos?
Según el informe de la FCDS Perú, los proyectos viales en cuestión incluyen Puerto Arica-Flor de Agosto, Bellavista – El Estrecho y Jerano Herrera – Colonia Angamos en la región de Loreto, así como las rutas Pucallpa – Cruzeiro do Sul y Pucallpa – Puerto Breu en Ucayali. Estas vías son estratégicas para la logística de exportación ilegal, pues podrían establecer conexiones directas para el tráfico hacia Ecuador y Brasil. Este último, en la zona de Acre, se ha convertido en “un bastión del Comando Vermelho”, uno de los grupos criminales más poderosos de la Amazonía, que controla gran parte del comercio de cocaína en la región.
Amenazas para la seguridad y el ambiente
El impacto de la expansión vial en la Amazonía no solo plantea una amenaza en términos de seguridad. También tiene importantes consecuencias ambientales, debido a que la deforestación en estas áreas podría intensificarse, afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico. De acuerdo con datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Amazonía peruana cuenta con una brecha de infraestructura vial que supera los 12 000 kilómetros, una extensión cinco veces mayor a la carretera Panamericana.
La construcción de estas carreteras suele provocar la ocupación desordenada del territorio, como ocurrió en el caso de la carretera Iquitos – Nauta, contribuyendo a la deforestación hasta un radio de 10 kilómetros de distancia de las vías. La Fundación FCDS también advierte que “los caminos forestales aperturados de manera informal o ilegal son usados por el narcotráfico y la tala ilegal”, y que de no controlarse podrían formalizarse e integrar el Sistema Nacional de Carreteras, facilitando aún más el acceso a áreas vulnerables.
Necesidad de un planeamiento territorial integrado
Para la FCDS, la planificación de estos proyectos viales debe considerar enfoques de intervención temprana y seguridad, que garanticen que la conectividad no sea explotada por redes criminales. “Urge incorporar el enfoque territorial en el planeamiento vial”, afirma el informe, recomendando que el desarrollo de carreteras en la Amazonía esté alineado con los intereses de las comunidades locales y con intervenciones multisectoriales que incluyan aspectos ambientales, de seguridad y económicos.
El estudio propone fortalecer el rol del Estado en estas áreas y reestructurar el planeamiento de infraestructura en función de las dinámicas locales, buscando mejorar el desarrollo rural sin poner en riesgo la seguridad nacional. Asegura que, en las condiciones actuales, las cinco carreteras proyectadas “representan un riesgo a la seguridad nacional dado que fortalecerían la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal”.
Recomendaciones
El informe concluye con un llamado urgente al Gobierno peruano para detener o rediseñar estos proyectos viales hasta garantizar que no sean utilizados para fines ilícitos. Propone, además, el fortalecimiento de instrumentos de gestión que contemplen el análisis de los riesgos logísticos, destacando la necesidad de que instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) lideren un enfoque de desarrollo seguro y sostenible.
