La libertad de prensa en las regiones del Perú se encuentra bajo una serie de ataques y amenazas, según revela el último informe mensual del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). El documento destaca incidentes preocupantes que afectan directamente a periodistas y medios de comunicación, evidenciando los riesgos y trabas que enfrentan en su labor informativa.
Agresiones, amenazas y obstáculos
Uno de los casos más graves reportados es el de Huánuco. En el sector Nueva Libertad, un grupo de traficantes de tierras e invasores atacó a los periodistas que cubrían la problemática local. Equipados con armas de fuego, machetes y palos, los atacantes robaron los equipos de trabajo de los periodistas, los amenazaron de muerte y finalmente incendiaron el vehículo en el que se trasladaban.
“El periodista Raúl Oviedo Baldeón, de Radio Miraflores de Huánuco, señaló que los atacantes hicieron disparos, les golpearon y lanzaron piedras, y le ocasionaron un corte en la cara”, señala el informe. La alcaldesa de San Pablo de Pillao, donde se ubica Nueva Libertad, también fue atacada.
Asimismo, el CPP resalta la situación en Moquegua, donde la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala amenazó con acciones legales al periodista Julio Farfán Velarde de Prensa Regional. Farfán había publicado reportajes que cuestionaban el uso de recursos públicos por parte del gobierno regional.
En Tumbes, tres periodistas de la televisora Hechicera: Ruth Palacios Olaya, Zulmi Gastelo Heredia y Vianca Zeña Vidaurre, fueron impedidas de ingresar al hospital regional José Alfredo Mendoza. Las reporteras buscan cubrir quejas sobre la atención médica. El personal de seguridad impidió su acceso, limitando la capacidad del medio para informar sobre los servicios de salud.
Otros casos
Estos acontecimientos regionales se suman a una serie de presiones que enfrenta la prensa a nivel nacional. Se destaca las agresiones y amenazas del congresista Darwin Espinoza contra periodistas que indagaron sobre una contratación sospechosa, asunto que está bajo investigación por la Comisión de Ética. Espinoza amenazó con demandar a los periodistas, descalificando sus reportajes como «chismes baratos y difamaciones».
El informe también menciona el bloqueo del diario La República en Venezuela, que ocurrió tras su cobertura de fraudes electorales y protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, condena el ciberataque sufrido por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) durante la emisión de un informe sobre querellas y juicios contra periodistas. Dado que el ataque no pudo ser controlado, el IPYS se vio obligado a cancelar la presentación.
Por último, el CPP lamenta la falta de justicia en el caso del periodista Jaime Ayala, cuyo asesinato cumplió 40 años sin que los responsables hayan sido adecuadamente sancionados. La reciente aprobación de una ley de amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002 podría cerrar el caso sin justicia para las víctimas.
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