La reciente muerte de Ricardo Kunchikui, comunero del pueblo awajún, en la provincia de Condorcanqui, desencadena tensiones entre comunidades y dirigentes indígenas. También está generando serias repercusiones como el secuestro del vicepresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), César Ampush, junto a cuatro acompañantes.
En un pronunciamiento emitido por el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), se denunció este secuestro ocurrido el 6 de julio a las 3:00 p.m. En el comunicado, se relata que la detención de César Ampush y sus acompañantes estaba dirigida por una turba de comuneros y mineros ilegales de la comunidad de Pagata.
César Ampush y sus acompañantes fueron liberados alrededor de las 7:00 p.m. del mismo día, tras llegar a un acuerdo con los secuestradores. Dante Sejekam, presidente de Odecofroc, confirmó la liberación en una declaración a RPP. Sin embargo, el conflicto y las muertes causadas por la minería ilegal persisten, lo que ha llevado al GTAA a alzar su voz de protesta, expresando rechazo e indignación por “las desacertadas decisiones del Estado”.
Represalias entre comuneros y mineros ilegales
El GTAA informó, en su pronunciamiento, que el cadáver de Ricardo Kunchikui fue hallado el 3 de julio a orillas de la comunidad nativa Tutino, con profundas heridas cortantes. Ante el hallazgo, los familiares del fallecido tomaron medidas para buscar justicia. “Los comuneros y familiares del occiso cerraron el pase del río Comainas (Cenepa) a la altura de la comunidad Kanga, desde el 04 de julio, para impedir el escape y realizar la captura de los responsables del presunto homicidio”, indica el documento.
Asimismo, un escuadrón de la Policía Nacional llegó al Puesto Militar Chavez Valdivia para investigar las circunstancias de la muerte del comunero con el apoyo de sus familiares. Durante estas gestiones, también se coordinó acciones de interdicción contra la minería ilegal en este sector y otros puntos críticos.
Estas medidas generaron reacciones violentas entre comuneros y mineros ilegales, quienes estarían detrás del secuestro de César Ampush y cuatro acompañantes. Antes de su retención, ellos se dirigían en bote desde la comunidad de Puerto Mori hacia Huampaní para recibir a la congresista Susel Paredes y abordar temas de minería ilegal, violación y abuso sexual de menores, e incremento de VIH.
Los manifestantes exigían la liberación del trayecto fluvial bloqueado a la altura de la comunidad nativa Kanga, esencial para sus operaciones ilegales de extracción de oro en el sector Pagata del río Comainas – Cenepa.
Declarar zona de emergencia
El pronunciamiento del GTAA señala que desde hace más de un año exigen acciones inmediatas y efectivas para proteger el ambiente. Sin embargo, denuncian que el Gobierno peruano, tanto el Ejecutivo como el Congreso, están provocando la destrucción del ecosistema y generando conflictos sociales entre pobladores y foráneos, al otorgar permisos de extracción minera mediante el Registro Integral de Formalización Minera y aprobar la ley antiforestal.
En ese sentido, la GTAA hace un llamado urgente al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía Ambiental, PCM y actores implicados a declarar como zona de emergencia a los sectores del Río Marañón, Río Santiado, Sector Tambo, Río Cenepa y Comainas. A su vez, que se establezca de manera permanente acciones de interdicción contra la minería ilegal.
