Un informe reciente revela que 36 empresas lograron beneficios superiores a los 420 000 millones de dólares entre julio de 2021 y 2023. Estas compañías pertenecen a los sectores de combustibles fósiles y finanzas. El estudio las señala como responsables de promover el uso de combustibles fósiles y, por ende, contribuir al cambio climático.
El estudio, realizado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid, se titula «El poder de los beneficios caídos del cielo». Destaca que dichos beneficios «extraordinarios» se atribuyen a cambios externos del contexto y se consideran un “excedente” por encima de las utilidades regulares y previstas.
Impuesto a beneficios millonarios por combustibles fósiles
Según reportó el portal Econoticias, un impuesto del 90% sobre estos beneficios, obtenidos únicamente entre 2021 y 2023, podría generar hasta 382 000 millones de dólares en ingresos. Alianza por la Solidaridad-ActionAid plantea que estos fondos podrían destinarse a servicios públicos o a iniciativas por el clima. La recaudación propuesta sería casi 20 veces mayor que los 21 000 millones de dólares aportados por los donantes para la adaptación climática en 2021.
Isabel Iparraguirre, responsable de transición ecológica de Alianza-ActionAid, comentó: “Muchos países no tienen recursos para enfrentarse a las consecuencias de cambio climático, mientras la magnitud de los beneficios que las empresas de combustibles fósiles y sus financiadores están obteniendo a raíz de las crisis mundiales es realmente asombrosa».
En los últimos años, tanto la industria de los combustibles fósiles como el sector financiero han experimentado ganancias extraordinarias. Estas ganancias se atribuyen principalmente al impacto de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Además, a los altos tipos de interés adoptados por muchos países en respuesta a la creciente inflación.
Un llamado a la acción
Durante la COP27, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los gobiernos a imponer impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Estos impuestos estarían destinados a las comunidades más afectadas por el cambio climático.
España impuso temporalmente este gravamen a empresas energéticas y bancarias. Sin embargo, la permanencia y el destino de los fondos recaudados siguen sin aclararse. Isabel Iparraguirre subrayó la necesidad de un impuesto permanente, dirigido a quienes más padecen los impactos climáticos y para fortalecer los servicios públicos.
Un informe previo de Alianza por la Solidaridad-ActionAid resaltó que entidades bancarias invirtieron más de 3,2 billones de dólares en combustibles fósiles en el Sur Global desde la implementación del Acuerdo de París en 2015, contribuyendo al financiamiento del cambio climático.
