SAN MARTÍN. Desde el 2021, las comunidades indígenas Awajún, Shawi y Kichwa, de la región San Martín, han trabajado en un proceso que culminó en el desarrollo de un protocolo intercultural de atención y coordinación para los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este instrumento, adaptado a la realidad de los tres pueblos originarios que habitan esta región amazónica, ha estado siendo aplicado, en menor o mayor medida, en las diferentes comunidades.
La presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonas (Fepikecha), Marisol García Apagüeño, explicó que las situaciones de violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas, principalmente, en las más alejadas, se ha mantenido a lo largo de los años, por lo que la necesidad de promover cambios era urgente. Este proceso comenzó, según relató a Inforegión, con talleres de fortalecimiento de capacidades y de autoestima. Sin embargo, el trabajo de empoderamiento de las mujeres indígenas requería de lineamientos y sostenibles en el tiempo.
«Tras superar la pandemia por el Covid-19, empezamos a abordar temas clave, como el significado de nuestros territorios. Pero todas las discusiones terminaban enfocándose en la violencia que sufren las mujeres: la deficiente educación pública, las amenazas a los pueblos originarios, los incendios forestales, el narcotráfico; todos estos problemas impactan de manera diferenciada en los cuerpos y mentes de las mujeres. En respuesta, decidimos liderar acciones concretas para cerrar las brechas de género existentes. Con esta visión, recopilamos experiencias de vida y los distintos tipos de violencia presentes en nuestras comunidades, buscando soluciones. El protocolo fue una de ellas», detalló.
Según explicó, la mayoría de proyecto de ley que se formulan y aprueban en el Congreso de la República para los pueblos indígenas no consideran sus realidades, costumbres y perspectivas. Son normas que no contemplan un presupuesto adicional para ser implementadas. Con el desarrollo del protocolo se ha buscado ser efectivos. También se contempla articular la autonomía de los pueblos, su propia justicia y gobernanza con la justicia ordinaria, para obtener sentencias para las personas que cometen delitos.
«Todos y todas debemos intervenir cuando presencia alguna agresión a nuestras hermanas y niñas. Está normalizada la violencia y, muchas veces, juzgamos o nos parece gracioso situaciones de violencia. La aplicación del protocolo tiene mayor avance en las comunidades kichwa, seguido de las awajún. En las comunidades shawi todavía hay poca participación de las mujeres, pero se está avanzando. Hace unos meses, tuvimos un encuentro en Yurimaguas y más mujeres shawi se han unido», sostuvo.
Tipos de violencia contra la mujer que prevalecen
Al igual que en comunidades de otra parte de la Amazonía peruana, las violencias sexual, física y psicológica, así como la brecha de mujeres líderes, son las principales violencias que afectan a las mujeres. También la violencia económica y política. Asimismo, al momento de denunciar en las instituciones correspondientes, como las comisarías, o en los mismos centros de salud, persiste la falta de traductores bilingües en sus lenguas maternas y enfoque intercultural, porque las mujeres que van a denunciar no son atendidas. En muchas comunidades no hay comisarías y donde hay, los pobladores no quieren ir.
Violencia institucional contra mujeres indígenas
«El protocolo plantea la modificación de los estatutos comunales y que las mujeres también puedan ser tomadoras de decisiones. Queremos que las opiniones de las mujeres sean tomadas en cuenta y que lleguen a ser integrantes de las rondas comunales, de las juntas directivas, incluso, jefas de comunidades. La violencia institucional también es alta. Por ejemplo, denunciamos a un agente municipal de violación sexual a una menor y el alcalde distrital de Chazuta [Walter Sangama] solo nos dice que no puede anular su resolución de reconocimiento como agente municipal porque no ha sido aprobado en su periodo», manifestó.
Agregó que en su comunidad, hay otros dos casos de violaciones sexuales a menores. Una de ellas ha sido rectivimizada por la Policía y una profesional de la salud mental. “La Policía ejerce violencia contra los más vulnerables. Han tratado mal a los padres de esta niña por ser analfabetos. Cuando denunciaron que el agresor estaba acosando a la menor, les recomendaron que no saliera de su casa. La psicóloga a cargo le dijo que mejor se mudara a otro sitio. Es decir, es la víctima la que tiene que cambiar toda su vida, incluso irse, mientras que al agresor no le pasa nada. Así de ridículo. La niña ahora tiene medidas de protección, pero siempre está el riesgo”, lamentó y enfatizó que se necesita de personal más capacitado y empático.
