El Comercio. Según un reciente informe del INEI, la población económicamente activa (PEA) con empleo adecuado ha crecido 13,2 puntos porcentuales en el período 2001-2009. Paralelamente, el Banco Mundial ha publicado el estudio “Perú en el umbral de una nueva era: lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más inclusivo”, que constituye una actualizada radiografía que no puede pasar desapercibida.
A estos estudios agreguemos los de las agencias globales de inversión y riesgo-país, que nos confirman que estamos atravesando un período de histórico crecimiento macroeconómico, de más de 5% del PBI anual, lo que no se alcanzaba desde la década del 60.
Esto no es casual. Se explica por una política de Estado consistente e impulsada por los dos últimos gobiernos, que ha permitido mantener un clima de estabilidad política, libertad e institucionalidad democrática, y un modelo de economía social de mercado que ha potenciado el crecimiento. El Perú es hoy un país solvente en el concierto internacional y con altos niveles de exportaciones y reservas internacionales que responden a la política de apertura e integración comercial, simbolizada en los tratados de libre comercio.
Dicho esto, tenemos que ser realistas y reconocer que, a pesar de todos estos avances, resta todavía mucho por hacer.
Tenemos que afirmar una economía sólida con mayor productividad y valor agregado en las exportaciones, así como fortalecer la institucionalidad democrática con ciudadanos maduros y responsables que ejerzan sus derechos pero también sus deberes. Pero, para que este crecimiento económico sea armonioso, debe ir aparejado con más transparencia, eficiencia y equidad en las políticas de redistribución y bienestar. Esto es, reducir los niveles de pobreza (que aún superan el 30%), fomentar el empleo formal y lograr que el Estado sea más dinámico y menos corrupto y pesado para cumplir sus obligaciones básicas de garantizar apoyo social a los menos favorecidos, y seguridad, salud y educación de calidad para todos.
Hay, pues, una deuda social pendiente que no podemos soslayar, lo que debe mover a los gobiernos a hacer una severa autocrítica, y a los candidatos en contienda a proponer soluciones eficientes, que apunten a la raíz del problema, con base en experiencias exitosas, sean locales o foráneas.
Lo que parece un exceso y no podemos permitir son las propuestas demagógicas y radicales, que pretenden deshacer lo andado y partir de cero, con una nueva Constitución y una revisión de todo lo que sacrificadamente se ha logrado en los últimos años, lo que abre las puertas a la incertidumbre y al temor de los inversionistas y también de los propios ciudadanos.
En el Perú hemos sufrido en carne propia las consecuencias de nefastos gobiernos autoritarios que terminaron hundidos en la corrupción y solo trajeron más pobreza. Y muy cerca de nuestras fronteras vemos experimentos dictatoriales y autoritarios, como en la Venezuela chavista, que no solo cierran mercados, estatizan todo y exterminan la iniciativa privada, sino que destruyen todo rezago de pluralismo y libertad para sojuzgar a sus enemigos y cambiar la Constitución a su antojo para reelegirse indefinidamente.
Todas estas consideraciones se tornan tremendamente actuales ahora que debemos elegir a quienes nos gobernarán en los próximos cinco años.
Se trata de una votación histórica para afirmar nuestra vocación democrática y comprometernos con todos los ejes y principios del Estado de derecho y de lo que debe ser un modelo de economía social de mercado, denunciando y corrigiendo sus imperfecciones. Pero ello tiene que hacerse dentro de un régimen de tolerancia, diálogo, participación libre y respeto a la ley y al orden constitucional. Así se crece en democracia, lo que no entienden los radicalistas y mesiánicos que prometen todo pero terminan dejándonos sin libertad, sin DD.HH. y sin opciones de desarrollo y realización futura.
