Colegio de Abogados del Cusco a favor de creación de Autoridad Autónoma del VRAE

Envían proyecto de ley al Congreso para declarar de interés nacional la zona.

El Colegio de Abogados del Cusco presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo integral del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) y crea su Autoridad Autónoma.

Los congresistas cusqueños Hernán De La Torre Dueñas (NGP) y Agustín Molina recibieron hoy al decano del colegio profesional, Eric Escalante Cárdenas, y lo felicitaron por la iniciativa comprometiéndose a impulsar el proyecto de ley.

Sobre el tema, el decano comentó que la problemática de la zona del VRAE es muy diversa y que el proyecto que presenta tiene su sustento en el Plan de Desarrollo Concertado de la Cuenca del Valle del Río Apurímac y Ene 2007-2015, elaborado por un equipo técnico del Gobierno Regional de Ayacucho y la Asociación de Municipalidades del VRAE.

La cuenca del VRAE reúne a tres espacios territoriales de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín, con una población total de 281 mil habitantes. Según la propuesta, el funcionamiento de una Autoridad Autónoma coadyuvará al funcionamiento de los 14 distritos y de las provincias de la zona con el objetivo de lograr su desarrollo y superar los problemas de pobreza extrema y atraso. El proyecto -dijeron- no generará costos.

La iniciativa legislativa propone que se declare de interés nacional, necesidad y utilidad pública el desarrollo integral de la zona del VRAE y crea la Autoridad Autónoma como organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. La autonomía política y territorial de los distritos conformantes del valle queda intangible.

Las funciones de la AA del VRAE serán, entre otras, definir las políticas y acciones destinadas al desarrollo integral del VRAE, establecer una estrategia integral del desarrollo multisectorial e intergubernamental para la zona, promover el desarrollo socioeconómico, así como identificar, formular, promover y ejecutar inversiones públicas en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y servicios básicos.




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