domingo 23, junio 2024

Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra ley antiforestal

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Regional de San Martín. Hay un plazo de 30 días hábiles para que el Parlamento conteste la demanda. 

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El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) contra la ley antiforestal

Como se recuerda, la norma aumentaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en procesos judiciales. Además, dicta normativas vinculadas a la zonificación forestal.

La norma cuestionada es la Ley n.° 31973. Es decir, es la que modifica la Ley n.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Como se recuerda, esta modificatoria fue aprobada por el Congreso de la República, en diciembre del 2023. 

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El TC dictó que el Parlamento tiene 30 días para responder demanda del Goresam. (Foto: Tribunal Constitucional)

Razones para admitir la demanda

Los magistrados del TC dieron un plazo de 30 días hábiles para que el Parlamento conteste la demanda del Goresam. Admitieron a trámite la demanda, tras corroborar que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución.

La demanda del Goresam sostiene que la aprobación de la ley antiforestal incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales. Además, se alega que para aprobar dicha norma no se hizo la consulta previa a los pueblos indígenas. Según la entidad demandante, basta este solo argumento para declarar la nulidad de la ley antiforestal.

Asimismo, vulnera los principios del régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución. Se asegura que la norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas. También pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que poseen antecedentes en procesos penales en curso.

Otras voces

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y organizaciones especializadas en materia ambiental también exigen la derogatoria de dicha norma.

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