Luego de más de tres décadas, los restos de Pedro y Faustina Romero Lino fueron finalmente recuperados e identificados por el Estado peruano. Ambos hermanos, de 9 y 17 años, fueron hallados sin vida en enero de 1994 en la carretera que conecta los caseríos de Venenillo y Los Cedros, en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco.
Presunta responsabilidad del Ejército
Según testimonios recogidos durante la investigación, una columna armada, presuntamente perteneciente al Ejército, habría estado involucrada en el asesinato de los menores. En el contexto de la violencia política que marcó el país en esos años, el temor a represalias obligó a su padre, Crispín Romero, a enterrarlos rápidamente en la localidad de Chontayacu, sin acompañamiento ni ceremonia.
Recuperación e identificación de restos
Los cuerpos permanecieron enterrados durante 31 años, hasta que una acción conjunta entre varias instituciones estatales permitió su recuperación. La labor estuvo liderada por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco, a cargo del fiscal adjunto provincial Jefferson López Zaldívar.
También participaron el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Coordinación Regional de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cierre simbólico para la familia
Con la entrega de los restos a sus familiares, se realizó el sepelio en su comunidad de origen. El acto representa un cierre simbólico para la familia Romero Lino, tras años de espera por una respuesta del Estado.
El caso de Pedro y Faustina se suma a los miles de episodios registrados durante el conflicto armado interno, en el que muchos crímenes contra civiles quedaron impunes o sin investigar. La identificación de sus restos busca, además de reparar a los deudos, establecer un precedente en el compromiso del Estado con la búsqueda de justicia y el respeto a los derechos humanos.
Las instituciones involucradas señalaron que este tipo de acciones son parte del proceso de reparación y memoria que el país continúa desarrollando para enfrentar las consecuencias de la violencia política.
