Pablo Martín Salazar Livia, un inescrupuloso sujeto que suele hacerse pasar como “representante” o “Director de Derechos Humanos” de la Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana (AJUPRODH) de Huánuco sin que hasta ahora nadie haga algo por desenmascararlo esta vez sí tendrá que vérselas con la justicia y podría ir a la cárcel hasta por tres años.
Profundamente mortificado y mellado en su honor por los constantes ataques públicos de Salazar Livia, el presidente de la Comunidad Campesina de San Pablo de Pillao, Jesús Malpartida Callán, no tuvo otra alternativa que denunciarlo penalmente por el delito de difamación ante el Juzgado Penal Unipersonal de turno de Huánuco.
En la querella, Malpartida Callán da cuenta que el denunciado, en forma reiterada y pública, lo acusa de conductas ilícitas y de hechos absolutamente falsos con la única finalidad de generar un clima de hostilidad hacia su persona por parte de la comunidad, afectando directamente su honorabilidad y poniendo en peligro su integridad física y la de su familia.
En documentos que obtuvo INFOREGIÓN, el agraviado señala, por ejemplo, que el pasado 22 de julio Salazar Livia irrumpió en una asamblea general haciéndose pasar como representante de la ONG AJUPRODH, de la gobernadora regional y de la congresista Carmen Omonte, y lo acusó en plena reunión de ser una autoridad corrupta.
El 9 de agosto Salazar Livia continuó con su ánimo difamatorio al asegurar en una entrevista televisiva en el programa Pulso Regional que transmite el Canal 41 (Más TV) que Malpartida Callán y otras autoridades están haciendo “negocios turbios debajo de la mesa” en perjuicio de su comunidad en alusión a la transferencia de terreno para construir la Central Hidroeléctrica de Chaglla.
En su denuncia, Malpartida Callán deja claro que las decisiones son tomadas por la población por mayoría en una asamblea general y que en el caso del terreno cada comunero trató directamente con Odebrecht el pago de los montos indemnizatorios, los mismos que fueron hechos efectivos por cada uno de ellos.
Entre otros medios probatorios del ánimo difamatorio de Salazar Livia, el agraviado presenta el video con los infundios así como un oficio de la entonces gobernadora regional de Huánuco Gregoria Félix Huanca en el que la autoridad desmiente categóricamente que el querellado sea representante de la Gobernación.
“Habiéndose acreditado la comisión del delito de difamación por medio de comunicación en mi agravio se requiere al juzgado imponer al querellado en calidad de autor directo tres años de pena privativa de libertad y 365 días multa por el delito contra el honor en la modalidad de difamación”, señala el documento.
Igualmente, solicita 90 mil soles por concepto de reparación civil por atribuírsele falsamente conductas que jamás realizó y que vienen perjudicando su buena imagen entre los miembros de la comunidad campesina que representa
“Esta situación genera inestabilidad e intranquilidad en mi persona y en mi familia, toda vez que todos los miembros de mi familia son atacados y ofendidos verbalmente por algunos miembros de la comunidad que dan por ciertas las afirmaciones tendenciosas del querellado”, señala.
