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viernes 11, octubre 2024

Países europeos y Canadá: Ley Forestal requiere consulta social amplia

Las embajadas de Alemania, Noruega, Reino Unido y Canadá manifestaron su preocupación por las implicancias que tendrían estos cambios normativos en la Ley Forestal respecto a la implementación de los acuerdos internacionales.

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PERÚ. Las embajadas de Alemania, Noruega, Reino Unido y Canadá emitieron un pronunciamiento conjunto sobre los recientes cambios introducidos a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763) mediante la norma 31973, vigente desde el viernes 12 de enero. Esta ley modifica los artículos 29 y 33, y añade disposiciones complementarias que han sido expresamente cuestionadas al considerar que fomentarían y legalizarían la deforestación en la Amazonía.

En el breve comunicado, señalan que “como socios de Perú en la Declaración Conjunta de Intención (DCI)”, suscrita en 2014 con Alemania y Noruega, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la deforestación y degradación forestal (REDD+); se encuentran preocupados por “los potenciales impactos para el cumplimiento de objetivos asumidos” por parte de Perú, a raíz de la iniciativa legislativa que modificó la legislación ambiental.

Asimismo, expresan su preocupación por las implicancias que tendría la Ley 31973 “para la implementación de las Declaraciones de Belém y de Pucallpa”, así como los compromisos internacionales más amplios que tiene Perú, para proteger la biosfera única de la Amazonía. En esa línea, estos las naciones mencionadas consideran que “se requiere una consulta social amplia e inclusiva para avanzar en la meta compartida de reducir la deforestación”.

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Comunicado de las embajadas de Reino Unido, Noruega y Alemania publicado en las redes sociales sobre la modificatoria en la Ley forestal (foto: Twitter).

De igual modo, manifiestan que esperan dialogar con las autoridades peruanas “sobre cómo dichas modificaciones afectarían las iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques y de los derechos de los pueblos indígenas”. Canadá se sumó al pronunciamiento en su condición de observador de la DCI.

¿Qué es la Declaración Conjunta de Intención (DCI)?

La DCI es un acuerdo de cooperación voluntario entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania firmado en 2014, en el marco de la Cumbre sobre el Clima realizada en Nueva York. Fue ampliado en 2021 con la inclusión de Reino Unido y Estados Unidos como observadores. La implementación de la DCI comprende tres fases: Preparación, transformación y contribución por reducción verificada.

Cada una de estas fases cuenta con metas específicas, así como entidades responsables de su rendimiento. A medida que Perú cumple con estas metas recibe incentivos económicos destinados al desarrollo de acciones a favor del bosque. Desde 2018, el DCI se encuentra en fase de implementación, que contempla el logro de seis objetivos. Uno de ellos es cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de capacidad de uso mayor de producción forestal o de protección) a usos agrícolas.

Además, el país debe reportar su tasa de deforestación anual. Si esta tasa es menor a un promedio acordado con los otros gobiernos, Perú obtiene recursos financieros para asegurar el mantenimiento de las políticas públicas para reducir la deforestación, según información del Programa Bosques.

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¿Qué son las Declaraciones de Belém y Pucallpa?

En marzo de 2023, varios ministros peruanos, embajadores europeos y americanos, así como miembros de la Mancomunidad Regional Amazónica, suscribieron la Declaración de Pucallpa. Este documento expresa el trabajo conjunto frente a la deforestación, bajo las políticas nacionales, y reconoce el papel de pueblos indígenas en la conservación forestal. Además, reitera el compromiso de estos actores con la DCI. 

Por otro lado, en agosto de 2023, los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) firmaron la Declaración de Belém durante la Cumbre Amazónica de ese año. El documento consolida la agenda consensuada entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela para abordar objetivos y principios  transversales.

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