Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, advirtió que las reformas a la legislación forestal y de fauna silvestre en el Perú podrían impulsar el despojo de tierras de pueblos indígenas. Añadió que incluso podrían amenazar su supervivencia física y cultural.
Calí Tzay sostuvo que «esta ley afectará negativamente los territorios ancestrales de la Amazonía peruana». Añadió que el Estado tiene obligaciones pendientes por cumplir en el reconocimiento legal y la seguridad de los territorios originarios.
Además, recordó que casi un tercio de ellos no ha recibido la titulación de sus tierras, “dejándolos inseguros y vulnerables ante terceros”. Precisó que esta ley cita a comunidades nativas y campesinas, así como a pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Sin embargo, esta no fue sometida a un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos.
Principales amenazas
“Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial podrían ser particularmente vulnerables a este cambio regulatorio, que podría amenazar su supervivencia física y cultural”, alertó.
El experto de la ONU recordó al Perú sus obligaciones internacionales al adoptar legislación que afecta a pueblos indígenas. Eso incluye el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios.
Advirtió también que con esta norma se permitiría que áreas habitadas por pueblos indígenas, y que alguna vez fueron bosques, donde actualmente hay agricultura, sean clasificadas automáticamente como “áreas de exclusión agropecuaria”.
Alertó que “debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de estas áreas de exclusión podría generar impunidad ante crímenes como la tala ilegal, el desbosque y el cambio de uso; debilitando la lucha contra la deforestación y agravando la crisis climática actual”.
Adicionalmente, consideró que “bajo el nuevo marco regulatorio, la tala y la deforestación serían legalizadas”. Al respecto citó que esto aumentaría la presión sobre los territorios originarios, su integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual.
Dando la espalda a riesgos que corren los defensores indígenas
El experto se mostró preocupado por este retroceso en la gobernanza forestal. Consideró que da la espalda a las amenazas, ataques y asesinatos de defensores indígenas y ambientales, que se oponen a actividades ilícitas en sus bosques.
“En los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del Pueblo Kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales.” advirtió.
