Han pasado más de dos años desde la promulgación de la Ley 31664, que obliga a las empresas que brindan acceso a internet en espacios públicos a implementar filtros que impidan a niñas, niños y adolescentes acceder a contenido pornográfico y violento. Sin embargo, la falta de reglamentación impide que las más de 1800 municipalidades provinciales y distritales del país fiscalicen su cumplimiento e impongan sanciones a quienes la infrinjan.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Perú hay 9 millones 770 mil menores de edad potencialmente expuestos a estos riesgos. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que la demora en la reglamentación afecta también a los comités de seguridad ciudadana, responsables de implementar acciones para prevenir la explotación infantil en línea.
«El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente responsable de adecuar el reglamento de la ley para que este empiece a implementarse, por lo cual hacemos un llamado para que cumpla con su responsabilidad», afirmó.
Aumento de riesgos en plataformas digitales
Un estudio de CHS Alternativo revela que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el país han interactuado con desconocidos en internet, y 4 de cada 10 han recibido propuestas para encuentros físicos. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 575 denuncias por chantaje sexual, 164 por proposiciones con fines sexuales, 118 por pornografía infantil y 22 por explotación sexual de menores.
El ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo detectó que los explotadores utilizan plataformas como Discord, WhatsApp, Telegram y Twitter/X para establecer contacto con menores, así como videojuegos en línea, donde pueden interactuar de manera anónima. «Los captadores están aprovechando el anonimato digital para ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes y así obtener imágenes y videos que luego son monetizados en estas plataformas», explicó Valdés.
Iniciativas de prevención y llamado a la acción
Ante esta situación, CHS Alternativo ha desarrollado proyectos de prevención en comunidades de Loreto con el apoyo de Safe Online, y trabaja junto a Brot Für Die Welt para fortalecer la seguridad digital en empresas del sector turismo y tecnología.
Pese a estos esfuerzos, la falta de reglamentación sigue siendo una barrera para la aplicación de medidas de protección. «Las municipalidades tienen una enorme tarea para obligar a los establecimientos públicos y privados a garantizar el uso responsable de la tecnología, pero sin reglamentación no pueden hacer la tarea», advirtió Valdés.
El retraso en la implementación de la Ley 31664 mantiene en situación de riesgo a millones de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Especialistas insisten en la urgencia de que el Ejecutivo apruebe el reglamento para que se puedan aplicar controles efectivos y reducir la vulnerabilidad de los menores en internet.
