jueves 13, junio 2024

Lineamientos del Mininter necesitan ser aprobados para proteger a defensores de derechos humanos

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Desde el 2020, la cifra de 20 líderes indígenas y defensores de la Amazonía fueron asesinados en Perú por grupos ilegales. Estos están vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras. 

En lo que va del año, la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjusdh), unidad a cargo de gestionar y coordinar la implementación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos como resultado de realizar su labor. 

Sobre ello, el director de dicha dirección de la mencionada cartera, Angel Antonio Gonzalez Ramirez, abogado, comunicó a Inforegión que a miras de reducir las situaciones de riesgo de forma considerable hacia los y las defensoras de derechos humanos es primordial garantizar la sostenibilidad de la implementación de las medidas de protección, especialmente las que están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

No obstante, para cumplir con dicha tarea aún se necesita la aprobación de lineamientos específicos por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía.

“La norma del Mecanismo establece la obligación del Mininter para que los apruebe, a la fecha no los han aprobado. En su contenido, estos establecen los planes de operación para poder implementar las medidas y buscar cualquier recurso si es que se realizaría. Esta es una herramienta muy importante que ayudaría muchísimo en la implementación del mecanismo para la sostenibilidad y seguimiento de medidas de protección, recomendó Gonzales.

Lugares sin presencia del Estado expone aún más a defensores

También, Gonzalez Ramirez agregó que es necesario que el Estado persista en fortalecer su presencia en las zonas más alejadas. Esto debido a que son en dichos lugares donde existe una mayor presencia de las economías ilegales, tales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estas constituyen actividades asociadas a los riesgos que padecen las personas defensoras de derechos humanos. 

“El fortalecimiento institucional y mayor presencia del Estado, especialmente en zonas de Amazonía, resulta fundamental si se quiere generar una garantía permanente de los derechos de nuestros defensores y defensoras, porque donde hay mayor presencia del Estado hay una reducción importante de la presencia de economías ilegales. Tiene que haber una mayor presencia del Estado en el territorio nacional”, manifestó Gonzales Ramírez.

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