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domingo 10, noviembre 2024

Ley forestal: Iniciativa pretende derogar modificaciones

En la exposición de motivos se señala que la aprobación de la Ley 31973, desde el inicio, estuvo cuestionada por haber seguido “procedimientos excepcionales y persistencias que lindan con la prepotencia".

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LIMA. Las controvertidas modificaciones a la Ley forestal y de fauna silvestre (29763) introducidas mediante la Ley 31973 entraron en vigor este viernes 12 de enero. No obstante, se ha abierto una posibilidad de revertirlas. El congresista Alfredo Pariona Sinche (no agrupado) presentó una iniciativa legislativa que busca restablecer los alcances originales de los artículos 29 y 33 —los afectados por la reforma— y derogar todos los cambios realizados, como las disposiciones complementarias incorporadas orientadas a promover la zonificación forestal.

En la exposición de motivos se señala que la aprobación de la Ley 31973, desde el inicio, estuvo cuestionada por haber seguido “procedimientos excepcionales y persistencias que lindan con la prepotencia». Y es que no solo se insistió en una norma previamente observada por el Ejecutivo, sino que se aprobó con una reconsideración que la Junta de Portavoces añadió a última hora en la agenda del Pleno del Congreso, coincidentemente, al cierre de la Legislatura 2023-1. Además, el dictamen de insistencia aprobado en diciembre de 2023 había sido rechazado por mayoría en marzo de ese mismo año.

¿Qué congresistas firmaron la iniciativa de Pariona?

El documento también incluye las firmas digitales, como coautores, de Bernardo Jaime Quito Sarmiento (no agrupado), Silvana Robles Araujo (no agrupado), Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Hitler Saavedra Casternoque (Somos Perú) y Flavio Cruz Mamani (Perú Libre).

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¿Qué establece la Ley 31973 que modifica la Ley forestal?

Las recientes modificaciones a la Ley Forestal y las disposiciones complementarias, mediante la Ley 31973, flexibilizan la protección de los bosques al eliminar la exigencia de estudios de clasificación de tierras y debilitar el rol del Ministerio del Ambiente en la definición de bosques de producción permanente y transferirlo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 

De este modo, se permite la habilitación agraria en tierras con aptitud forestal, incluso legalizando a quienes las deforestaron irregularmente. Esto contraviene la obligación constitucional del Estado de preservar el patrimonio forestal e incrementa la vulnerabilidad de comunidades nativas

Por otro lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha identificado riesgos adicionales en la ley, como la infracción de la Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales, al otorgar títulos de propiedad irregulares en tierras de aptitud forestal o de protección. Asimismo, de autorizaciones de cambio de uso de suelo y desbosques, y vulnera el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas.

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Posición de organizaciones indígenas

Las organizaciones indígenas nacionales que conforman la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) rechazaron la modificatoria de la Ley forestal y de fauna silvestre, que se aprobó sin consulta y consentimiento previo libre e informado. En una carta dirigida a Soto Retes, detalla que “impulsa la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros”. Pero, lo más grave es que promoverá el despojo de sus territorios ancestrales e incrementará las amenazas contra la vida de defensores indígenas ambientales.

En esa misma línea, el Gobierno Territorial Autónomo Wampís (Gtwa), que articula 85 comunidades ubicadas en distritos de las regiones Amazonas y Loreto, enviaron otra misiva al presidente del Congreso expresando su oposición a la reforma ambiental. Según describen, con esta norma aumentará la degradación y contaminación de la Amazonía, «así como mayor violencia de invasores, que ya han asesinado a 33 defensores [en los últimos 10 años]». En ese contexto, acelerará el tráfico de tierras, a favor del narcotráfico, colonos, agronegocios, menonitas, palma aceitera, monocultivos, minería» y otros problemas vinculados.

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¿Defensoría a favor de modificaciones a Ley forestal?

Finalmente, es importante destacar que, de acuerdo con el portal periodístico Público, entre los aliados de la Ley 31973 está el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Por ese motivo, cuando Soto firmó la norma para su promulgación, el defensor desautorizó un nuevo pronunciamiento en contra. Este hecho habría sido el detonante de la renuncia de la ex adjunta del Medio Ambiente Lissette Vásquez, el pasado miércoles 10 de enero. Son ocho los adjuntos de la Defensoría que han renunciado por la nueva política de gestión de Gutiérrez.

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