La libertad de expresión en Perú atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. Según el más reciente informe elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre octubre de 2024 y abril de este año se registraron 44 casos de agresiones, hostigamiento o restricciones al ejercicio periodístico. El caso más grave: el asesinato del periodista Gastón Medina en enero, a manos de un sicario.
La situación ha encendido las alarmas a nivel nacional e internacional. “La visita de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa al Perú en marzo de este año simboliza la precaria situación de las libertades de expresión y de prensa en el país”, señala el documento.
Discurso oficial y amenazas
El informe identifica al Poder Ejecutivo como la principal fuente de agresiones contra la prensa. De los once casos relacionados directamente con esta entidad, siete involucran a la presidenta Dina Boluarte. La mandataria, además de evitar rendir cuentas a través de conferencias abiertas, ha reiterado en distintos foros un discurso hostil hacia los medios. “La presidenta Dina Boluarte es quien más hostiga a la prensa con su discurso”, sostiene el informe.
El tono confrontacional no ha sido exclusivo de la jefa del Estado. Otros altos funcionarios como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también han contribuido al clima de tensión. Uno de los momentos más simbólicos se dio en octubre, cuando Boluarte calificó como “terrorismo de imagen” a las publicaciones que la cuestionaban.
Poco después, el parlamentario Waldemar Cerrón habló de “terrorismo de prensa” y el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, denunció la difusión de noticias que “no solo ofenden, sino que tienen un propósito: (…) generar el caos y la desestabilización”.
Censura solapada y control de medios públicos
El CPP advierte sobre medidas que afectan la autonomía de los medios públicos. En enero, el gobierno aprobó una reforma que elimina el consejo directivo y la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), concentrando el control en una nueva “jefatura” y añadiendo direcciones técnicas.
“Con un periodismo independiente que lo fiscaliza, el gobierno ha optado por someter las señales de TV Perú y Radio Nacional”, alerta el informe. Esto refuerza el temor de que los medios estatales sean usados como instrumentos de propaganda antes que como plataformas de información pública plural.
Restricciones al trabajo periodístico
Otro patrón recurrente documentado en el informe es la imposición de obstáculos logísticos al trabajo de la prensa durante actividades oficiales. Desde el encierro de periodistas tras rejas durante eventos públicos hasta el acceso restringido en visitas presidenciales. El CPP recuerda, por ejemplo, la conferencia de prensa que Boluarte ofreció tras 106 días de silencio, a la que solo asistieron medios seleccionados y donde no respondió todas las preguntas.
En varias ocasiones, como en inauguraciones en Villa María del Triunfo, Moquegua y otros lugares, los reporteros fueron confinados a espacios distantes o directamente hostigados por personal de seguridad. Según señala el informe: “Como ya es usual durante las actividades de Boluarte, (los periodistas) fueron confinados a un espacio restringido, lo que evitó la formulación de preguntas”.
Violencia y agresiones en regiones
La violencia física también alcanzó nuevos niveles. El asesinato de Gastón Medina marca un punto de inflexión en la situación de los periodistas en el país. Según el CPP, este crimen “es el caso más grave de los últimos ocho años”, y refleja la creciente relación entre inseguridad ciudadana y vulnerabilidad del ejercicio periodístico.
Además del asesinato de Gastón Medina, el informe recoge una serie de ataques físicos y amenazas en distintas regiones. En Pucallpa, el periodista Guido Castillo recibió disparos frente a su vivienda. En Áncash, el periodista Fernando Ramírez fue agredido por personal municipal. En Cusco, una comunicadora de Latina fue golpeada por un efectivo policial, y en Lima, durante una protesta, una periodista de Canal N recibió un disparo con perdigón.
Estos casos evidencian que el riesgo para la prensa no se limita a amenazas verbales o restricciones logísticas, sino que alcanza niveles de violencia directa, muchas veces en medio de la impunidad. El documento recuerda que desde hace años se viene alertando sobre este fenómeno, sin que las autoridades hayan implementado medidas eficaces para proteger a quienes informan desde el terreno.
Casos preocupantes y amenazas legales
El CPP también advierte sobre iniciativas legislativas que podrían abrir la puerta a restricciones indirectas contra la prensa. Una de las más preocupantes es el avance del proyecto de ley que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), conocida como “Ley ONG”. Aunque no está dirigida exclusivamente a medios de comunicación, “su eventual aprobación afectaría a varios de ellos que funcionan con cooperación internacional”, señala el informe.
El proyecto plantea el control de contenido, vigilancia sobre fuentes de financiamiento y sanciones por “proselitismo político”, lo cual podría traducirse en una forma encubierta de censura.
Otros casos destacados incluyen:
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La difusión de datos personales del periodista René Gastelumendi en redes sociales por parte del Ministerio de Justicia.
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La agresión a la periodista Carmen Chávez, de Radio Arpegio de Huancayo, mientras cubría una protesta en Satipo.
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El acoso judicial que enfrentó la periodista María Elena Hidalgo del portal Ojo Público.
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Las amenazas de muerte dirigidas a dos periodistas de IDL-Reporteros tras publicar reportajes sobre corrupción policial.
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