El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, solicitó al Gobierno Central declarar en estado de emergencia el distrito de Shunte, en la provincia de Tocache, debido al avance de la minería ilegal y la tala indiscriminada en la zona. El pedido fue planteado durante la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente, desarrollada en Moyobamba.
Según Grundel, estas actividades ilícitas están generando un impacto ambiental severo y amenazan la estabilidad social del distrito. Señaló que operadores ilegales se han trasladado a la región tras los recientes operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, en La Libertad, y ahora operan con mayor intensidad en Shunte.
Proponen acciones inmediatas
El gobernador informó que ya ha iniciado coordinaciones con la Policía Nacional, autoridades locales y entidades públicas para definir una estrategia de respuesta. Entre las acciones planteadas se incluyen patrullajes en zonas críticas, fortalecimiento de la presencia estatal y asignación de recursos extraordinarios.
“Estamos ante una amenaza seria y urgente. La minería ilegal contamina nuestros ríos con mercurio, arrasa nuestros bosques y rompe el tejido social de nuestras comunidades. Necesitamos que el Gobierno Central actúe con firmeza”, declaró durante su participación en la cumbre.
Respaldo de gobiernos regionales
El pedido de Grundel fue respaldado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), cuyos representantes advirtieron que la minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico son actualmente las principales amenazas a los territorios amazónicos. Coincidieron en que se requiere una intervención articulada y urgente del Estado.
Los gobernadores regionales insistieron en la necesidad de que la gobernanza ambiental sea un eje central en la gestión pública, junto con la planificación territorial, inversiones sostenibles y políticas inclusivas que prioricen la protección del medio ambiente y de las comunidades locales.
Acuerdos de la cumbre
La II Cumbre Nacional del Medio Ambiente 2025 reunió en Moyobamba a autoridades nacionales, regionales y locales, además de representantes de comunidades indígenas, organizaciones ambientales y sociedad civil. El evento concluyó con una agenda de compromisos centrados en el fortalecimiento de las políticas públicas ambientales.
Entre los acuerdos adoptados figuran la creación de un Observatorio Nacional de Amenazas Ambientales, una comisión multisectorial de respuesta rápida para zonas críticas como Shunte y la revisión de normas que dificultan la intervención estatal frente a delitos ambientales.
