El jueves 26 de septiembre, el conversatorio «Perú: ¿República de Piratas?» convocó a expertos, académicos y funcionarios para debatir el impacto de la minería ilegal en el país y proponer soluciones centradas en tecnología y sostenibilidad. El evento se organizó en cuatro mesas temáticas que trataron la fiscalización en zonas mineras, un caso de éxito en minería responsable en Madre de Dios, la nueva Ley MAPE y alternativas tecnológicas y económicas sostenibles para la Amazonía.
El general César Gentille, asesor del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, inició el conversatorio alertando sobre el grave impacto económico y social que genera esta actividad ilícita. “En el año 2022, han habido 78 toneladas de oro que han sido exportadas sobre el margen de producción oficial de nuestro país” afirmó. Ello representa una evasión fiscal de cerca de 7 mil millones de dólares. Además, subrayó la compleja red de delitos asociados a la minería ilegal, que incluye trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Pedro Gamio, profesor de la PUCP, subrayó que es necesario priorizar la fiscalización en las plantas de acopio, en el que la Policía y las Fuerzas Armadas actúen en primera línea, respaldadas por un equipo interinstitucional. «Deben participar entidades como la Sunat, OEFA, la Fiscalía, Sucamec, el Minem y los gobiernos regionales», afirmó. Además, destacó la importancia de la tecnología para controlar las rutas de transporte de minerales ilegales: “La trazabilidad del oro se puede monitorear satelitalmente con drones. Esto va a permitir un control efectivo en el territorio y tener información sobre las rutas de ingreso y carga”.
Amataf, la primera organización minera certificada Fairmined
France Cavanillas, coordinador del Programa de Restauración con Actores de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), presentó un caso de éxito en Madre de Dios: la Asociación de Mineros Artesanales Tauro Fátima (Amataf), que ha logrado certificarse con el sello Fairmined. Este distintivo internacional avala que su oro es trazable y extraído bajo condiciones responsables.
El experto también destacó que el sector MAPE es el que más mercurio emite a la atmósfera: “El Perú es el primer emisor de mercurio en Sudamérica y Madre de Dios es la región que más emite en todo el Perú”. Sin embargo, Cavanillas señaló que, a pesar de los avances en el uso de tecnologías más limpias, no existe un mercado para el oro limpio. “Las tiendas de goldshop no lo aceptan. Si queremos dejar de usar mercurio para usar tecnologías limpias, lo primero que debería haber es un mercado asegurado y el Estado debería estar interviniendo en ello”.
Críticas al proyecto de nueva ley MAPE
También se abordó el proyecto de la nueva Ley MAPE. Gaby Rivadeneyra, especialista en derechos de DAR, destacó la lentitud del actual proceso de formalización, señalando que «uno de los mayores retos que enfrenta el Estado es la corrupción y el interminable proceso de formalización minera, que ha generado inconsistencias normativas y falta de claridad en su implementación».
Respecto al proyecto de Ley MAPE, Rivadeneyra indicó que el proyecto no aclara el futuro del Reinfo ni de otras normas que regulan la formalización actual. Además, establece un plazo de 330 días para resolver todos los pendientes. «¿Es viable cumplir con esto dado cómo se ha manejado la formalización en el país? No se especifica cómo se realizará el traspaso de información ni si los plazos serán suficientes para sanear todos los expedientes pendientes. Tampoco se detalla la certificación ambiental aplicable a la pequeña minería», señaló.
Finalmente, agregó que el proyecto de ley exime a las actividades mineras de presentar declaraciones de impacto ambiental firmadas por auditores especializados, lo que podría generar más redes de corrupción. Además, indicó que se debería tener más claridad en cuanto a la responsabilidad de los titulares de concesiones mineras frente a los impactos ambientales causados por terceros en sus terrenos.
Herramientas, soluciones tecnológicas y alternativas
Augusto Mulanovich, director de Conservation Strategy Fund Perú (CFS) presentó la «Calculadora de impactos de la minería ilegal», una herramienta desarrollada para medir los costos sociales y ambientales de esta actividad. “El costo social de la minería con mercurio es al menos dos veces mayor que los beneficios que obtienen los mineros ilegales”, afirmó, destacando la necesidad de una transición hacia tecnologías más sostenibles.
Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación en Conservación Amazónica (ACCA), explicó cómo el monitoreo satelital y el uso de drones son clave para mejorar la fiscalización en zonas mineras. “El monitoreo satelital combinado con drones es una solución clave para mejorar la fiscalización de las zonas mineras. Esta tecnología nos permite obtener imágenes detalladas de las rutas utilizadas para transportar mineral ilegal y de las áreas donde se llevan a cabo actividades de minería no autorizada”, explicó Novoa. Además, subrayó la importancia de que el Estado invierta en esta tecnología para combatir la minería ilegal de manera efectiva.
El webinar también destacó las oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades amazónicas. Ricardo Rivera, coordinador de Mosaico en Naturaleza y Cultura Internacional, habló sobre los bionegocios como una opción viable frente a la minería ilegal. “Un ejemplo importante son los proyectos de agroforestería y reforestación, que no solo ayudan a restaurar el ecosistema, sino que también ofrecen ingresos estables a las comunidades”, explicó Rivera. Actividades como el ecoturismo y la producción de productos no maderables del bosque, como la castaña y el cacao, fueron propuestas como alternativas que ya están generando impacto en mercados internacionales.
Sobre el conversatorio
Finalmente, el evento dejó en claro que la lucha contra la minería ilegal en Perú requiere un enfoque integral que combine tecnología, normativas eficientes y desarrollo económico sostenible. El general Gentille, al cierre del evento, reiteró la necesidad de un compromiso interinstitucional para combatir este fenómeno: “La Estrategia Nacional de Reducción de la Minería Ilegal será presentada a fines de este mes, y esperamos que sea implementada rápidamente con el apoyo de todos los sectores involucrados”.
El conversatorio fue impulsado por el Observatorio de minería ilegal Perú (OMI), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Perú (FCDS), Conservación Amazónica – ACCA, Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Conservation Strategy Fund (CSF), FZS Perú, DAR Perú y la Clínica Jurídica de Derecho y Energía de la PUCP, con el apoyo de Gordon and Betty Moore Foundation y la Facultad de Derecho de la PUCP.
