Los últimos acontecimientos de explotación de menores en Ecuador demuestran que las zonas de fronteras son lugares vulnerables para el traslado de mercancías ilegales como armas y drogas y de niños y niñas. La trata de personas es un problema de ámbito internacional que afecta a la niñez y a las familias, por lo que se requiere que políticos y funcionarios públicos enfrenten el delito.
Ricardo Valdés Cavassa, primer presidente del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y exviceministro del Interior, señala tres factores principales para la propagación del delito. El primero se relaciona con las carencias socioeconómicas de las familias, lo cual las coloca en una situación de vulnerabilidad ante los tratantes.
El segundo factor es el complejo nivel de organización logística alcanzado por las organizaciones criminales. Ello les permite actuar en el lugar de captación, en la ruta de traslado y en las zonas de explotación.
En tercer lugar figura la complicidad de las autoridades en ambos países que permiten el traslado y ocultamiento de gran cantidad de menores en paso de fronteras vigilados.
Mayor prevención
Con respecto a las deportaciones de menores de edad al Perú que se produjeron en los últimos meses, Valdés Cavassa sostiene en entrevista en CHS Alternativo, que se debió investigar cómo y con qué fin llegaron a Ecuador.
Aseguró que las leyes ya están dadas en el país, pero que el Estado no proporciona los mecanismos de prevención y persecución del delito que se requieren.
simnismo precisó que les corresponde a los funcionarios públicos coordinar acciones para combatir el problema y fomentar la participación de la sociedad civil mientras que a los políticos les toca incluir el tema en sus planes de gobiernos acciones para enfrentar estas situaciones de criminalidad e inseguridad.
Luego de las constantes reuniones realizadas y cerca de cumplir siete años de creación, el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas logró la publicación de la Ley Nº 28950 y su reglamento. El reto es convertirse en el eje dinamizador de las políticas públicas para combatir el tráfico humano y garantizar la asignación presupuestal y de planeamiento.
