En medio del debate sobre la Nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ha presentado un informe con 10 propuestas clave para una formalización efectiva del sector. Este documento advierte sobre los riesgos de una desregulación excesiva y subraya la necesidad de mecanismos claros para evitar que la minería ilegal siga expandiéndose sin control.
¿Cuál es el problema de la desregulación?
Según el informe, actualmente la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos en torno a la nueva Ley MAPE. Sin embargo, este proceso ha generado preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin considerar los riesgos ambientales y sociales. “Se estarían promoviendo desregulaciones excesivas, sin tener en cuenta los riesgos asociados y los múltiples daños ya ocasionados por la minería ilegal, a lo cual se suman los impactos de la minería informal”, señala el documento.
El OMI enfatiza que la falta de fiscalización y el incumplimiento de estándares ambientales han generado un escenario donde la minería ilegal y la informalidad se mezclan, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano y la salud de las poblaciones aledañas. Además, advierte que las concesiones otorgadas sin control han permitido la expansión de actividades ilegales en zonas vulnerables, afectando comunidades locales y áreas protegidas.
Las 10 propuestas para una formalización efectiva
- Diferenciación clara entre tipos de minería
Se propone establecer criterios precisos para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, con base en su producción y el tipo de maquinaria utilizada. Esto permitiría un control más eficiente y evitaría que mineros ilegales se camuflen bajo la categoría de mineros artesanales. - Formalización con dos vías
Se plantea un proceso ordinario para los nuevos mineros y uno extraordinario para aquellos que operaban antes de 2012, bajo regulaciones previas. La aplicación de estas dos rutas permitiría filtrar mejor a los actores dentro del sector, estableciendo obligaciones claras según su condición. - Fiscalización centralizada de plantas de beneficio
Se propone que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma el control de las plantas de beneficio, con supervisión del OEFA, Osinergmin y otras entidades competentes. Actualmente, la falta de un registro claro sobre la emisión de autorizaciones de beneficio permite que muchas plantas operen sin cumplir requisitos ambientales. - Obligaciones ambientales desde el inicio
Se recomienda que la nueva Ley MAPE contemple compromisos ambientales exigibles desde el día uno de operación, prohibiendo el inicio de actividades sin la presentación del instrumento ambiental correspondiente. Además, se plantea que el incumplimiento de estos requisitos derive en sanciones administrativas y penales para responsables y funcionarios que no fiscalicen adecuadamente. - Zonas especiales para la minería artesanal
Se plantea excluir de la actividad minera las Áreas Naturales Protegidas (ANP), zonas de amortiguamiento, reservas territoriales indígenas y cuerpos de agua. En especial, se menciona la necesidad de prohibir la actividad en Madre de Dios, una región donde la minería ilegal ha generado desastres ambientales irreversibles. - Regulación de concesiones mineras
Se sugiere exigir a los concesionarios planes de inversión con plazos claros para evitar concesiones especulativas sin actividad real. Esto permitiría recuperar terrenos para su reasignación o protección ambiental. - Registro y trazabilidad del oro
Se propone la creación de un sistema de control que cruce la información sobre la producción y la comercialización del oro, incluyendo exportadores y transformadores. En la actualidad, la falta de regulación facilita la salida de oro de origen ilegal bajo la apariencia de productos de joyería. - Reducción progresiva del uso de mercurio
Se recomienda prohibir el uso de mercurio en la minería artesanal para el 2030 y facilitar el acceso a tecnologías limpias a través de incentivos. Esta medida busca mitigar los efectos tóxicos del mercurio en el agua y la salud de las comunidades expuestas. - Fondo minero y garantía de seguridad laboral
Se plantea la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en zonas mineras, además de exigir condiciones laborales seguras para los trabajadores del sector. Se establece que la falta de medidas de seguridad podría llevar a la suspensión e incluso cancelación de operaciones mineras. - Combatir la corrupción y el crimen organizado
Se recomienda modificar el Código Penal para eliminar vacíos legales que permiten impunidad en el proceso de formalización minera y tratar la minería ilegal como crimen organizado. Asimismo, se plantea sancionar con mayor severidad a funcionarios que retrasen procesos de regulación y a autoridades involucradas en corrupción dentro del sector.
Una minería más responsable
El informe concluye con un llamado al Estado para impulsar una formalización real y sostenible, sin regulaciones débiles que permitan que la minería ilegal siga creciendo. Destaca que, si se aplican estas 10 propuestas, el sector podría cambiar de fondo y dar una respuesta concreta a la informalidad que arrastra desde hace años.
Finalmente, el documento recalca la importancia de involucrar a todos los actores relevantes en el debate, incluyendo comunidades afectadas, autoridades regionales y especialistas en medioambiente. «Es fundamental que el debate sobre la nueva Ley MAPE sea amplio e informado, con un análisis serio sobre los riesgos y desafíos del sector», se lee.
En 2024, los esfuerzos por formalizar la MAPE fueron ineficaces, mientras la minería ilegal se expandió, agravando los impactos socioambientales y evidenciando la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis que afecta a miles de comunidades. En Inforegión, analizamos los avances y desafíos del año en torno a este tema. Léelo aquí.
Accede al informe del OMI aquí.
