Gremios de productores de café, cacao y otros cultivos del país expresan su rechazo al dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología del Congreso que busca derogar la Ley n.º 31973, conocida como la ley antiforestal, que modifica la Ley n.º 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Señalan que esta acción pondría en riesgo sus actividades y exportaciones a la Unión Europea, mercado que demanda cumplir estrictas certificaciones ambientales para contrarrestar la deforestación.
El 9 de abril, esta Comisión del Congreso respaldó el dictamen argumentando que la Ley n.º 31973 contribuye a la impunidad de la deforestación y delitos relacionados, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras en la Amazonía.
Además, señalan que expone a las poblaciones indígenas a la violencia asociada a estas actividades ilícitas. Sin embargo, varios gremios discrepan con esta derogatoria y cuestionan las razones detrás de ella.
En contra de derogar la ley antiforestal
Pedro Pérez Huamán, presidente de la Asociación Agro Forestal Monte Grande, señaló que la Ley n.º 31973 no otorga derechos de propiedad, sino que reconoce el uso actual de los suelos a quienes ya cuentan con un derecho real asignado por el Estado. De acuerdo a ello, no se podría decir que se pueda aplicar para resolver conflictos de posesión en tierras de terceros.
Huamán hizo un llamado a los congresistas de Fuerza Popular que se pronuncien al respecto. “El agro nacional está en riesgo. Productores agrarios de la costa, sierra y selva no podremos seguir produciendo y, tampoco, exportar nuestros productos a la Unión Europea si el Poder Ejecutivo no acelera la implementación de la modificatoria de la Ley Forestal. Necesitamos que se reconozca que el uso de nuestras tierras es agrario para lograr la titularidad y se aprueben los instrumentos ambientales que nos exige el mercado”, mencionó.
Más reacciones
Por su parte, Félix Marín, presidente de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencaap), aseguró que detrás de estas acciones están grupos ambientalistas y ONG que “acusan falsamente” que la Ley 31973 promueve la deforestación amazónica. «Esta afirmación es totalmente falsa, pues la ley sólo confirmaría que el uso de nuestras tierras es agrario para lograr la titularidad y se aprueben los instrumentos ambientales que nos exige el mercado», aclaró.
Gremios agrarios exigen al Ejecutivo iniciar un programa masivo de formalización de los agricultores respetando la plena vigencia de la Ley 31973 y que se evite su derogación.
¿Qué dice la Unión Europea (UE)?
La UE exigirá que las empresas que comercian con ganado, cacao, café, aceite de palma y otras materias primas aseguren que no han contribuido a la deforestación, degradación forestal o incumplimiento de la legislación en su país de origen.
No aceptarán productos provenientes de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Por ello, los agricultores deben estar legalmente autorizados para cultivar y vender sus productos. Los países exportadores a la UE, como Perú, deben cumplir con esta norma antes del 30 de diciembre de 2024.