La Amazonía enfrenta una crisis ambiental impulsada por amenazas como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de tierras que despoja a comunidades enteras de su hogar. Pero detrás de esta devastación ambiental hay una historia que pocas veces se discute o toma en cuenta: la de las mujeres que, en medio del caos, son las más afectadas. Un reciente informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL) expone las profundas conexiones entre la degradación ambiental y la violencia de género en la Amazonía peruana y colombiana.
Mujeres en una Amazonía degradada
El informe ‘Mujeres en una Amazonía degradada: luchas por la tierra, el cuerpo y la naturaleza’ analiza cómo la minería ilegal, la agroindustria y la deforestación alteran los ecosistemas, y paralelamente, intensifican las desigualdades de género. Este estudio, realizado en Madre de Dios (Perú) y en seis departamentos de Colombia, destaca cómo la debilidad en la gobernanza y la exclusión de las mujeres en los espacios de decisión agravan su vulnerabilidad.
Las defensoras ambientales se enfrentan a una doble lucha: proteger la naturaleza y sobrevivir a la violencia. En Madre de Dios, por ejemplo, muchas mujeres deben vigilar sus territorios sin la protección adecuada y enfrentan amenazas constantes.
“En las comunidades que están expuestas a la minería, las mujeres no pueden caminar libremente por su territorio, tienen que tener cuidado de no exponerse demasiado para evitar ataques”, menciona una mujer indígena de esta región. «Yo tampoco me siento libre de caminar por mi territorio, pero igual tenemos que hacer vigilancia y revisar cada punto para ver si ha entrado gente de fuera, aunque no tengamos georreferenciación”, añade.
Relación entre crisis ambiental y violencia de género
El informe explica cómo el avance de la minería ilegal y otras actividades extractivas han impulsado redes de trata de personas, explotación sexual y violencia física contra las mujeres. En los últimos años, los asentamientos mineros ilegales en Madre de Dios se han convertido en focos de explotación sexual, donde las mujeres y niñas son sometidas a tráfico y abuso en condiciones de impunidad.
En Colombia, el estudio documenta cómo el despojo territorial de comunidades indígenas y afrodescendientes ha tenido un impacto particular sobre las mujeres, dejándolas en situación de desplazamiento forzado y mayor riesgo de violencia sexual.
Además, el informe destaca que la expansión de la frontera agropecuaria ha reducido los espacios tradicionales donde las mujeres realizaban actividades de recolección, pesca y medicina natural. Esto ha tenido un impacto sobre su autonomía económica y las deja en mayor dependencia de sectores tradicionalmente dominados por hombres.
Acceso a la justicia y barreras estructurales
El acceso a la justicia es otro de los grandes obstáculos. Si bien existen normativas para la protección de los defensores ambientales, su implementación es limitada. Según el informe, “el acceso y la confianza a la justicia en materia ambiental en Madre de Dios tiene serias limitaciones” debido a la corrupción, la falta de recursos y la impunidad de los agresores.
Las organizaciones de base han sido el principal refugio para las defensoras ambientales, ya que “han desarrollado estrategias de autoprotección ante la ineficaz respuesta del Estado en materia de justicia ambiental y protección de los defensores ambientales y territoriales”. Sin embargo, el apoyo estatal sigue siendo insuficiente.
A nivel institucional, el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensoras de derechos humanos representaría un avance, pero “carece de coordinación interinstitucional y aún es muy incipiente”. Además, la Directiva N° 003-2023-MIMP, que busca abordar la violencia contra las mujeres defensoras, presenta limitaciones porque exige que la violencia sufrida esté explícitamente vinculada a su condición de género, lo que excluye otros tipos de agresiones que enfrentan en su lucha ambiental.
Recomendaciones y acciones urgentes
El informe enfatiza la necesidad de un enfoque integral que reconozca la interconexión entre estos problemas y promueva soluciones con perspectiva de género y derechos humanos. Asimismo, se plantea fortalecer la prestación de servicios de salud mental en las comunidades, con especial atención a niños indígenas y víctimas de violencia. En este sentido, se recomienda colaborar con el Programa AURORA y coordinar con el Ministerio de Salud para reforzar los Centros Comunitarios de Salud Mental.
También se destaca la urgencia de continuar investigando y abordando la violencia física y sexual, así como la trata de personas, debido a la alta incidencia de femicidios y violencia en la región. Además, se subraya la importancia de clarificar y fortalecer la identidad de las defensoras de derechos ambientales de Madre de Dios, particularmente en su lucha contra los efectos de la minería ilegal. Para ello, se sugiere apoyar a organizaciones como Fenamad, que protegen a las defensoras de la violencia generada por esta actividad extractiva.
En cuanto a la participación y representación de las mujeres, se recomienda fomentar la inclusión activa de jóvenes y descendientes de mujeres líderes en la defensa de los derechos ambientales, asegurando su seguridad y reconocimiento como agentes clave. Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas en la toma de decisiones y eliminar las barreras estructurales que limitan su participación en veedurías forestales y comités de gestión ambiental, como el de la Reserva Nacional Tambopata.
Fortalecimiento de capacidades y enfoque integral
Para fortalecer las capacidades de las defensoras, el informe sugiere promover intercambios con organizaciones indígenas y mecanismos internacionales de protección con enfoques de género e interculturalidad. También se recomienda establecer entornos seguros que consideren las responsabilidades familiares y permitan la participación de las mujeres en formación y toma de decisiones. Una de las estrategias propuestas es la organización de talleres sobre equidad de género, violencia de género y empoderamiento de defensoras ambientales.
El acceso a la justicia es otro aspecto prioritario. Se plantea la necesidad de asignar mayores recursos y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la protección efectiva de las defensoras ambientales. Además, se recomienda implementar medidas contra la corrupción y asegurar la participación activa de las mujeres en estrategias de autoprotección, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Finalmente, en el ámbito de política pública, el informe subraya la importancia de vincular normativas y destinar presupuestos específicos para la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y ambientales.
Accede al informe completo en su versión en inglés aquí.
