Las especies silvestres proporcionan servicios esenciales que apoyan los medios de subsistencia humanos: más de la mitad del PBI mundial depende de la naturaleza, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Sin embargo, hay más de un millón de especies en peligro de extinción, por lo que es urgente la financiación para la conservación. Por ello, hoy 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre con el tema Financiación de la conservación de la vida silvestre: Invertir en las personas y el planeta.
Nuevo pilar financiero del crimen organizado
A nivel global, las razones por las que se ha disparado la pérdida de la vida silvestre son ampliamente conocidas, entre ellas, la contaminación y el cambio climático y los delitos ambientales como la deforestación, la minería ilegal, la caza furtiva y el tráfico de especies.
En América Latina, la fauna silvestre de países megadiversos como Ecuador está a la merced del crimen organizado, que ha encontrado en los delitos ambientales una oportunidad para diversificar sus actividades porque “son crímenes que generan mucho dinero y que tienen bajo riesgo”, según indica el responsable de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el país norteño.
“Es muy complejo investigarlos y es muy complejo sancionarlos”, dice Leopoldo Fernández, quien explica que, si bien el tráfico de drogas conlleva un riesgo alto de ir a prisión, una actividad ilícita relacionada con el ambiente puede no tener ninguna consecuencia o, a lo sumo, causar una sanción administrativa o monetaria.
Según la agencia, el crimen organizado transnacional ha incorporado los delitos ambientales como un pilar financiero fundamental para el narcotráfico y expansión de su influencia, facilitando el lavado de activos y reforzando la convergencia con otros delitos como la corrupción, tráfico de armas y la trata de personas.
Lavado de dinero
Las redes criminales facilitan el tráfico ilegal de recursos naturales, generando entre 110 000 y 281 000 millones de dólares en ganancias ilícitas anualmente, según datos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. La explotación de los delitos ambientales, como la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre, no solo contribuye al lavado de dinero para carteles internacionales y grupos armados, sino que también alimenta la corrupción y afecta la seguridad a nivel global.
“Hay que reforzar las instituciones, hay que fortalecer las capacidades técnicas y operativas para que puedan detectar, investigar y sancionar este tipo de delitos”, aboga Fernández.
Resguardo de pruebas de delitos ambientales
Uno de los principales proyectos que apoya la agencia en la actualidad consiste en reforzar las capacidades de todos los involucrados en una investigación sobre un delito contra la flora o la fauna, de forma que sepan resguardar las pruebas de un delito (preservar la cadena de custodia).
“¿Por qué? Porque cuando llevamos la prueba al juicio, si no es sólida, el juicio se cae”, subraya Fernández. “Las organizaciones criminales que se benefician de este tipo de delitos invierten muchísimo dinero también en otros especialistas; pueden ser abogados, contadores o expertos de otras áreas que los van a apoyar durante los procesos judiciales”.
En el país, el aumento de la minería ilícita ha impulsado la deforestación, el desplazamiento de poblaciones locales e indígenas, la destrucción de los hábitats y, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad.
Fernández advierte que hay grupos criminales que controlan zonas mineras y utilizan los minerales para lavar dinero y financiar todas sus actividades. “Fuentes oficiales hablan de que al día salen de las fronteras de Ecuador 20 millones de dólares en oro. Estamos hablando de más de 7000 millones al año”, apunta.
Combatir la pérdida de vida silvestre
El subdirector de la Policía Científica en Ecuador, Xavier Chango, los crímenes contra la fauna silvestre ocurren en todo su país, incluyendo las Islas Galápagos, hogar de animales únicos en su especie, como delfines rosados, jaguares, armadillos, tortugas, iguanas.
Para hacer frente a este panorama, la Policía Nacional de Ecuador cuenta con un grupo de biólogos, geólogos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales y médicos veterinarios zootecnistas para la investigación de crímenes ambientales. Chango reconoce que es un equipo pequeño, pero espera que vaya creciendo.
Al rescate de animales
Ximena Ceballos, bióloga en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, imparte charlas de educación ambiental a comunidades para el manejo de biodiversidad y el tráfico de vida silvestre, ya que en la provincia en la que trabaja, Morona Santiago, hay grandes porcentajes de tráfico y tenencia.
En 2023, llegó a realizar un total de 75 rescates, en los que se encontró con distintas especies como serpientes, monos, loros, tortugas e incluso, una nutria. En otra ocasión, la bióloga retuvo la tenencia ilegal de carne de oso de anteojos, el único oso nativo de Sudamérica y que se encuentra clasificado como vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
En referencia a la tenencia ilegal, Ceballos explica que, a veces, las familias ya no quieren tener más animales en las casas. “Llaman o vienen a la oficina y dicen que se encontraron al animal, pero al momento de hacer una valoración, me doy cuenta de que el animal ha sido domesticado. En esos casos, el animal ya no puede ser liberado”.
Cerrar la brecha financiera
En palabras de la secretaria general de la Convención, Ivonne Higuero, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, “la magnífica biodiversidad de nuestro planeta no tiene precio, pero conservarla tiene un costo”.
Higuero insiste en que cada año se necesitan miles de millones de dólares para colmar la brecha financiera mundial para la conservación de la vida silvestre, “una brecha que debemos cerrar para garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas que nos sustentan a todos».
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