El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha publicado su informe mensual sobre la libertad de expresión en el país, revelando un incremento en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En febrero, se registraron casos de denuncias judiciales, hostigamiento en redes sociales, restricciones en la cobertura presidencial y proyectos de ley que podrían amenazar la independencia de la prensa.
Judicialización del periodismo: denuncias contra periodistas
Uno de los casos señalados en el informe es la denuncia interpuesta por el fiscal superior Rafael Vela Barba contra la periodista Karina Aliaga Neyra, de Willax. La acusación se basa en un reportaje en el que Aliaga investigó la aparente incompatibilidad entre la casa en la que reside Vela y sus ingresos financieros. En su denuncia, el fiscal alega que la periodista “ha realizado actos de seguimiento (…) buscando tener información” y que los mensajes de texto enviados para obtener declaraciones constituyen «constante acoso y seguimiento».
Otro caso es la denuncia presentada por el abogado del exministro Julio Demartini contra los periodistas de Latina Christopher Acosta y Pedro Tenorio, por supuesta «revelación indebida de identidad» en el caso de corrupción en el programa estatal Qali Warma. Latina ha aclarado que el nombre de la testigo mencionada en su reportaje ya era de conocimiento público.
El CPP ha expresado su preocupación ante el uso de mecanismos judiciales para amedrentar periodistas. “No es acoso que una periodista haya ‘realizado actos de seguimiento (…) buscando tener información’, como señala la denuncia del fiscal; ese es, precisamente, el trabajo de un reportero”, advirtió la organización.
Amenazas desde el poder y ataques cibernéticos
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, protagonizó otro incidente al amenazar con denunciar por difamación agravada al periodista de Exitosa Nicolás Lúcar, luego de que este revelara documentos sobre su rol en la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS en 2009. Además, López Aliaga insultó al periodista y promovió la divulgación de material privado sobre él.
En paralelo, la periodista Clara Elvira Ospina, de Epicentro TV, denunció un ataque cibernético en su contra. Según Ospina, ha sido blanco de una campaña de insultos en redes sociales con términos como «puta», «sicaria» y «terrorista». La periodista sospecha que estos ataques están organizados y que “hay funcionarios públicos” detrás de ellos.
Para el CPP, estos actos reflejan un patrón de hostigamiento contra la prensa por parte de autoridades y actores con influencia política.
Proyecto de ley que amenaza la independencia de los medios
El informe del CPP también alerta sobre el proyecto de ley presentado por la congresista María Agüero de Perú Libre, que obligaría a los medios a reportar al Poder Ejecutivo todos sus ingresos externos, incluidos montos y condiciones específicas de financiamiento. En caso de incumplimiento, la propuesta contempla sanciones que podrían llegar hasta el cierre de los medios.
El Consejo de la Prensa Peruana rechaza esta iniciativa, señalando que, aunque la transparencia en los medios es importante, la propuesta de Agüero busca acceder a información sensible con posibles fines persecutorios. “Es, además, una iniciativa sobrerregulatoria, pues la información financiera ya la maneja la Sunat”, indica el informe.
Asimismo, el CPP defendió la financiación de medios a través de fondos de organismos internacionales: “Recibir fondos de organismos multilaterales o agencias de otros países no tiene por qué estar reñido con la independencia y la línea editorial. ¿Acaso recibir auspicios de empresas privadas, mediante publicidad, es antiético?”.
Restricciones a la cobertura periodística
El informe también documenta nuevos incidentes de limitaciones a la prensa durante eventos oficiales de la presidenta Dina Boluarte. En su visita a Moquegua para inaugurar un colegio, periodistas fueron hostigados en el ingreso y confinados en una zona restringida que les impidió hacer preguntas.
Este tipo de prácticas, señala el CPP, se han convertido en una constante en las actividades presidenciales, dificultando la labor de los periodistas y afectando el derecho ciudadano a la información.
