El Presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca el reconocimiento oficial y explícito de los pueblos indígenas en la Carta Magna del país. Esta iniciativa, anunciada como parte de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, busca abordar una deuda histórica, dado que Chile es uno de los pocos países latinoamericanos sin un reconocimiento constitucional de sus poblaciones originarias.
Un avance anunciado para once pueblos
El corazón de la propuesta del Ejecutivo chileno reside en el reconocimiento de los once pueblos indígenas que han habitado el territorio chileno desde tiempos ancestrales: mapuche, aymara, rapa nui, atacameño o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk’nam. Aunque algunos ya están contemplados en la legislación actual, el objetivo es elevar su estatus a nivel constitucional, lo que implicaría una protección y visibilidad sin precedentes.
La reforma no solo se limita a nombrar a estos pueblos, sino que también busca asegurar el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. Esto implica una armonización con las leyes chilenas y los tratados internacionales ratificados por el país, incluyendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La materialización de estos derechos es vista como crucial para el desarrollo autónomo, la preservación cultural y el bienestar general de estas comunidades.
La interculturalidad como pilar constitucional
Un elemento clave del proyecto es la incorporación del principio de interculturalidad en el texto constitucional. Este principio busca reconocer y valorar la riqueza y diversidad cultural de Chile, fomentando un diálogo constante y el respeto mutuo entre las distintas cosmovisiones y formas de vida. Para el gobierno de Boric, esta reforma es una medida de «reparación histórica» y un paso fundamental en la implementación de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Cautela en la reacción indígena: silencio en los pronunciamientos públicos
A pesar de la trascendencia de esta propuesta, hasta la fecha, organizaciones y representantes indígenas en Chile no han emitido pronunciamientos públicos generalizados ni reacciones detalladas sobre el contenido específico de la reforma constitucional. Esta ausencia de declaraciones podría deberse a diversos factores: desde un período de análisis interno de la propuesta dentro de las comunidades, la necesidad de consensos internos antes de emitir una posición oficial, o la expectativa sobre el proceso legislativo que se avecina.
Tradicionalmente, las organizaciones indígenas chilenas han sido vocales en sus demandas por el reconocimiento y la protección de sus derechos. La falta de una reacción inmediata, en este contexto, sugiere que las comunidades están evaluando cuidadosamente el alcance real de la propuesta y si esta cumple con las expectativas históricas en materia de autonomía, tierras y recursos, y justicia.
El proyecto de reforma constitucional ahora ingresará al Congreso chileno, donde se espera un intenso debate. La voz de los pueblos indígenas, aunque aún no se haya manifestado públicamente de forma masiva, será crucial en las etapas subsiguientes del proceso legislativo. La expectativa es que, una vez iniciado el debate parlamentario, las organizaciones indígenas presenten sus análisis y demandas para influir en la redacción final de este histórico reconocimiento.
