El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se eleve a 35 años la condena contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya–Saweto, en Ucayali. El pedido fue presentado en la novena sesión de la audiencia de apelación realizada el miércoles 18 de junio.
Actualmente, los sentenciados cumplen una pena de 28 años y 3 meses de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, la Tercera Fiscalía Superior Penal sostiene que la pena debe incrementarse debido a la gravedad de los hechos y la existencia de agravantes que no fueron debidamente valorados en la sentencia de primera instancia.
Alegatos finales del Ministerio Público
El fiscal adjunto superior José Carranza de la Rosa argumentó que el homicidio calificado está plenamente acreditado y que las pruebas presentadas en el proceso confirman la responsabilidad penal de los condenados. Solicitó que se revoque la resolución judicial en el extremo de la pena y se imponga una condena de 35 años de prisión.
Carranza indicó que la sentencia no consideró tres elementos clave: las circunstancias agravantes del hecho, el perfil de las víctimas como autoridades indígenas y la participación de múltiples autores, lo que configura un crimen ejecutado de forma organizada.
Ensayo, premeditación y discriminación
Durante la audiencia, el fiscal también señaló que el crimen se cometió con ensañamiento y premeditación. Según el testimonio de un testigo protegido, las víctimas fueron obligadas a arrodillarse antes de recibir disparos a corta distancia. Además, se expusieron expresiones despectivas utilizadas por los sentenciados, como “campa”, “indio” y “muerto de hambre”.
Para Carranza, estos hechos evidencian una motivación basada en discriminación étnica, la cual, afirmó, no fue adecuadamente valorada en la sentencia inicial.
Pruebas que sustentan la acusación
El Ministerio Público presentó una línea de tiempo que incluye documentos, peritajes y testimonios que vinculan a los sentenciados con amenazas previas y actos de amedrentamiento contra las víctimas, quienes habían denunciado actividades de tala ilegal en la zona.
Entre los elementos clave mencionó declaraciones de familiares, líderes comunales y un testigo protegido que escuchó amenazas directas contra Edwin Chota pocos días antes del crimen.
Posible investigación contra abogados defensores
El fiscal también solicitó que se remitan copias a la Fiscalía de Turno para investigar a los abogados de los sentenciados por presunto fraude procesal o falsedad genérica. Esto, tras detectar irregularidades en un documento que los letrados presentaron como prueba durante la audiencia.
Próximas sesiones
El tribunal programó la continuación de la audiencia de apelación para el jueves 26 de junio, cuando se escucharán los alegatos de los abogados de las familias de las víctimas. La defensa de los acusados expondrá el 3 de julio. El caso sigue siendo emblemático para la justicia penal en contextos de conflicto ambiental y defensa de territorios indígenas.
