A más de diez años del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, sus viudas, familiares y la comunidad de Alto Tamaya – Saweto siguen en pie de lucha. El crimen, ocurrido el 1 de septiembre de 2014, fue un golpe devastador para la comunidad indígena, cuyos miembros habían estado denunciando actividades de tala ilegal en su territorio ancestral, ubicado en la frontera entre Perú y Brasil.
Hoy martes 22 de abril, la audiencia de apelación del caso Saweto continúa en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en Pucallpa. La sesión, que inició a las 10 de la mañana, se centra en la revisión de la sentencia condenatoria emitida en 2023, que impuso penas de 28 años y 3 meses de prisión a los responsables del crimen. En esta etapa del proceso judicial, las partes involucradas presentan sus argumentos y se analizan pruebas nuevas que podrían modificar la resolución.
Un crimen que sigue sin castigo
El caso Saweto ha sido emblemático en la lucha contra la tala ilegal en la Amazonía peruana, pues los líderes asesinados no solo defendían su territorio, sino que también alzaban la voz por los derechos de los pueblos indígenas y por la protección del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los avances en el proceso judicial, los familiares de las víctimas y las organizaciones indígenas denuncian que la justicia ha sido lenta y el proceso, marcado por numerosas demoras.
El crimen contra los cuatro líderes ocurrió cuando estos se encontraban en plena denuncia de las actividades ilegales que afectaban a su comunidad. Su trabajo en favor de la titulación de tierras y la protección de los bosques les valió amenazas constantes, que culminaron en su trágica muerte. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha dejado una sensación de impunidad en las viudas y los miembros de la comunidad, que siguen exigiendo justicia.
Un proceso judicial marcado por la incertidumbre
El camino hacia la justicia ha sido largo y complicado. Tras la sentencia de noviembre de 2023, que condenó a los implicados a penas de prisión, las partes han presentado diversos recursos de apelación. El Ministerio Público busca un aumento de la pena a 35 años de prisión, mientras que la defensa de las víctimas ha solicitado una mayor indemnización para las familias de los líderes asesinados. Por su parte, los abogados de los condenados han solicitado la revocación total de la sentencia.
La audiencia de apelación comenzó el 9 de abril en Pucallpa y, aunque se ha avanzado en la presentación de los alegatos, la incertidumbre persiste sobre el futuro de este caso. El resultado de esta apelación será crucial para determinar si el Estado finalmente asume su responsabilidad frente a los crímenes contra los defensores ambientales.
El rol de las organizaciones indígenas
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha sido una de las organizaciones que ha estado al frente del seguimiento del caso, exigiendo una sentencia ejemplar que sancione tanto a los responsables materiales como intelectuales del asesinato. Para las organizaciones indígenas y de derechos humanos, este juicio representa más que un proceso judicial, es una oportunidad para reforzar la defensa del territorio y la vida en la Amazonía.
«Hacemos un llamado a la ciudadanía y los medios de comunicación a mantenerse atentos y vigilantes frente a este caso emblemático, que representa la lucha de los pueblos indígenas por la defensa del territorio, los bosques y la vida», señaló Aidesep en un comunicado.
