Un diagnóstico territorial realizado por la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) ha identificado la coexistencia de múltiples amenazas que afectan directamente a más de 30 comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Ene, región Junín. El estudio fue elaborado mediante sesiones participativas desarrolladas por los Comités de Autodefensa y Desarrollo (CAD) de CARE en septiembre de 2024.
El informe revela que gran parte de las comunidades enfrenta entre seis y siete amenazas simultáneas, lo que compromete su seguridad, territorio y recursos naturales.
Actividades ilícitas y presencia de grupos armados
Entre las amenazas identificadas destacan los cultivos ilícitos de coca, la instalación de pozas de maceración y la existencia de rutas clandestinas utilizadas por el narcotráfico. Estas prácticas han sido reportadas en comunidades como Meantari, Quempiri, Catungo Quimpiri, Yaviro, Quimaropitari, Camantavishi, Parijaro, Potsotincani y Pampa Alegre.
Además, se ha registrado la presencia de remanentes terroristas en zonas como Meantari, Shaoriato, San Ene, Yaviro, Boca Pachiri y Marankiari. El diagnóstico también identifica invasiones de colonos y apertura de trochas ilegales en comunidades como Saniveni, Samanato, Boca Anapate y Potsoteni.
Impacto ambiental generalizado
El estudio advierte sobre una serie de impactos ambientales en la cuenca del río Ene, incluyendo incendios forestales, deforestación, derrumbes, inundaciones y pesca ilegal. Al menos siete comunidades ribereñas han reportado esta última práctica como una preocupación recurrente.
Las comunidades de Meantari, Catungo Quimpiri, Camantavishi, Boca Anapate y Quempiri figuran entre las más afectadas, con la presencia simultánea de seis o más amenazas.
Denuncias sin respuesta
CARE ha denunciado que las autoridades estatales no han respondido adecuadamente a los reportes y alertas enviados desde las comunidades. Según la organización, la inacción se justifica frecuentemente por el estado de emergencia vigente en la zona, considerada como “convulsionada”, lo que impide una atención efectiva.
“El mapa refleja lo que nuestras comunidades viven y observan cada día. Estas amenazas no son abstractas; están en el camino, en el río, en el bosque. Algunas se agravan por actividades ilegales, otras por el abandono del Estado”, declaró Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE.
Solicitudes a las autoridades
CARE ha solicitado al Estado peruano implementar medidas urgentes para garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades indígenas. Entre las acciones propuestas se incluyen el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la implementación de protocolos interinstitucionales de respuesta y la capacitación en herramientas tecnológicas para el monitoreo territorial.
“Defender nuestros territorios no es solo una lucha indígena. Es clave para conservar la Amazonía. Desde CARE venimos fortaleciendo a nuestros defensores y líderes, pero el Estado nos deja solos cuando más lo necesitamos”, añadió Valerio.
Irupe Cañari Aragón, asesora legal de CARE, hizo un llamado a diversas instituciones del Estado: “Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Presidencia del Consejo de Ministros para que actúen con urgencia en la cuenca del río Ene. No puede permitirse que el narcotráfico se fortalezca ni que la impunidad prevalezca bajo el pretexto del estado de emergencia”.
